Redacción.- Con el voto unánime de las diputadas y los diputados, el Congreso del Estado aprobó reformas a la Constitución del Estado y a diversas leyes para incluir la #3de3, disposición por la cual ningún agresor, deudor alimentario moroso o violador podrá ser elegible para la gubernatura, diputaciones o regidurías, ni ocupar una magistratura o consejería de la judicatura del Poder Judicial, ni ser titular de dependencias o entidades del Poder Ejecutivo estatal.
“Con esta decisión, esta Legislatura comenzará a dignificar la política en Yucatán y será ejemplo a nivel nacional, al ser la primera entidad federativa en plasmar en su Constitución y en sus Leyes, que ningún agresor, deudor alimentario moroso o violador llegará al poder”, afirmó la diputada de Movimiento Ciudadano, Vida Gómez Herrera.
La diputada, quien en noviembre de 2021 presentó ante el Congreso las iniciativas de reformas constitucional y legales en materia de #3de3, destacó que este logro histórico se debe a la decisiva actuación de quienes integran la Asociación Agenda de las Mujeres para la Igualdad Sustantiva en Yucatán (AMISY), de las cuales surgieron las propuestas.
“Agradezco profundamente su convicción y su lucha por llevar la agenda de las mujeres a la política. Esa agenda es de todas y también es de todos, esa agenda no busca más que lograr equilibrar la balanza y alcanzar la igualdad en nuestra sociedad”, explicó.
Por supuesto, anotó, “debemos reconocer el arduo trabajo de abogadas, académicas y activistas, que en su lucha por ciudadanizar la política, no solo se dieron a la tarea de redactar una propuesta de iniciativa ciudadana para evitar que agresores, violadores y deudores alimenticios lleguen al poder, sino que, además, han trabajado incansablemente por socializar esta propuesta, por explicarla, por evidenciar la necesidad urgente que tiene no solo Yucatán, si no todo el país, de legislar con perspectiva de género”.
“Las activistas han realizado foros y reuniones en universidades del estado, como la facultad de derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, para explicar los alcances de estas iniciativas y para aclarar dudas jurídicas y legales en cuanto a su legislación.
Destacó el trabajo realizado por la Dra. Patricia Olamendi Torres, Yndira Sandoval Sánchez, María Eugenia Núñez Zapata, Rita Farjat, Sandra Peniche Quintal, Lidia Laucirica Guanche, Ligia Vera Gamboa, Silvina Contreras, Rosalía López, entre muchas otras que trabajan incansablemente por la igualdad sustantiva.
Reconoció la voluntad y el trabajo legislativo de sus compañeras y compañeros de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, en un esfuerzo que se prolongó a lo largo de varios meses para cuidar la técnica legislativa, pero sobre todo los derechos y garantizar que todas las voces fueran escuchadas y contasen en el dictamen.
“También, destaco elementos que deberían ser permanentes y que caracterizaron a la Comisión dictaminadora: dedicación, escucha, apertura para el diálogo y sobre todo por buscar acuerdos, acuerdos para hacer las cosas bien y de fondo”, indicó.
El resultado, dijo, son reformas constitucionales y a las leyes que constituyen un marco legal que busca dignificar la política y el poder público y marcan la pauta para comenzar a equilibrar la balanza de la justicia.
“Al inicio del análisis legislativo partíamos de una pregunta: ¿es mucho pedir tener autoridades que no sean agresores? Hoy, al final del trabajo, con el voto de diputadas y diputados, se hace historia en materia de combate a la violencia de género, y se sientan las bases para la igualdad sustantiva en Yucatán y en México”, afirmó.
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Las reformas #3de3 impulsadas por Movimiento Ciudadano a partir de un trabajo de AMISY, incluyen modificaciones a la Constitución Política del Estado de Yucatán, y a las leyes siguientes: Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán; Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán; Código de la Administración Pública del Estado de Yucatán y Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán.
