Redacción.- El Parlamento húngaro aprobó una ley que prolonga “el estado de alarma de manera indefinida” con el pretexto de la pandemia del coronavirus lo que dota al primer ministro ultraderechista, Viktor Orban utilizar poderes extraordinarios y gobernar por decreto sin establecer un límite temporal y sin ningún control, tampoco parlamentario. Es decir, una auténtica dictadura establecida con el pretexto de la pandemia. Los nuevos poderes establecen el cierre del parlamento, 8 años de prisión a quien infraccione la cuarentena, 5 años de prisión por hacer circular fake news. Y poderes absolutos por tiempo ilimitado.
La oposición estuvo de acuerdo en que se adopten medidas extraordinarias para afrontar la crisis sanitaria, pero pidió un límite de 90 días para el ejercicio de esos poderes especiales, que podía ser renovado en el Parlamento. Orbán se negó e impulsó la votación de este lunes, para la que le ha bastado con dos tercios de los apoyos, que son con los que ya cuenta su partido, el ultraderechista Fidesz.
Orban, conocido por su xenofobia, podrá gobernar por decreto y tendrá autoridad para anular la legislación vigente, impedir las elecciones y detener y encarcelar a los periodistas que critiquen a su gobierno nacionalista y su respuesta a la pandemia.
“La ley crea un estado de excepción indefinido e incontrolado, y da a Viktor Orbán y a su gobierno carta blanca para restringir los derechos humanos. Ésta no es la forma de abordar una crisis muy real, la causada por la pandemia de COVID-19″, dice Amnistía Internacional.
Amnistia Internacional señala que “necesitamos sólidas salvaguardias para garantizar que cualquier medida de restricción de los derechos humanos adoptada en aplicación del estado de excepción es estrictamente necesaria y proporcionada para proteger la salud pública. Esta nueva ley no debe otorgar facultades ilimitadas al gobierno para gobernar por decreto más allá de la pandemia”.
“Durante su mandato como primer ministro, Viktor Orbán ha supervisado el retroceso de los derechos humanos en Hungría, azuzando la hostilidad hacia grupos marginados y tratando de silenciar las voces críticas en el país. Permitir que su gobierno gobierne por decreto probablemente aceleraría este retroceso”, añade Aministía Internacional.
La nueva ley se asienta sobre dos disposiciones, explica Amnistía Internacional. En primer lugar, solicita el mandato parlamentario para que el ejecutivo gobierne por decreto sin cláusula de suspensión ni ninguna otra disposición que garantice que el Parlamento puede ejercer eficazmente su función de supervisión.
En segundo lugar, añade, la ley tipifica dos nuevos delitos que no se ajustan a las leyes y normas internacionales de derechos humanos. Toda persona que difunda información falsa o tergiversada que interfiera con la “adecuada protección” del público o que cause “alarma o agitación” entre el público, podría ser penada con hasta cinco años de cárcel.
Toda persona que interfiera con la ejecución de una orden de cuarentena o aislamiento también podría ser condenada a hasta cinco años de cárcel, ampliables a ocho si a consecuencia de su actuación se produce algún fallecimiento.
