Redacción.- La legisladora de Movimiento Ciudadano, Milagros Romero Bastarrachea, en su calidad de presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad y Género del Poder Legislativo, solicitó al alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, un informe detallado sobre la presunta agresión cometida en contra de una mujer que habría sido detenida de forma arbitraria y torturada por la policía municipal, lo cual le causó lesiones, traumas y un aborto pocas horas después.
Se trata de la profesora, María Guadalupe P. S., quien presumiblemente fue acusada –junto con su esposo, Roni Gonzalo T. M.– de haber estado involucrada en el asesinato de un policía ocurrido durante la madrugada del 10 de junio en una caseta de vigilancia de ese puerto. Esa noche, la corporación habría detenido ilegalmente a varias personas que estaban en la calle y consideraban “sospechosas”.
Al respecto, la diputada Romero Bastarrachea, consideró que existe un fenómeno reiterado de agresiones por parte de los agentes municipales en Progreso. Recordó que hace unos meses un hombre murió en esa misma localidad, luego de ser detenido y agredido presuntamente por los uniformados. Por esa razón, dirigió un oficio al edil del municipio costero, y pidió un informe detallado sobre lo ocurrido. Afirmó que de ser cierta las acusaciones, las autoridades están faltando a su juramento de servir y proteger, y se han olvidado de que están para garantizar la seguridad.
“Le pido en nombre de la ciudadanía… que tome las medidas pertinentes y aplique las acciones que sean necesarias para clarificar lo ocurrido y en su caso haga valer las normas jurídicas, así como las sanciones justas en contra de los responsables de estos hechos lamentables”, se lee en el documento.
Citó el artículo 11, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, el cual menciona, que las obligaciones de las corporaciones encargadas de guardar el orden deben apegarse sin imparcialidad, discriminación, con respeto a las garantías individuales, y abstenerse de aplicar actos de tortura o sanciones crueles o inhumanas, aún cuando se trata de alguna orden superior o se argumenten circunstancias especiales.
Agregó que estos hechos están penados de acuerdo con el artículo 35 de la misma ley, que dicta que los elementos, en el ejercicio de sus funciones, podrán hacerse de diversas sanciones, como un arresto, multa, e incluso, la inhabilitación y destitución del cargo. La mujer afectada, relató que imploró que no la golpeen por su estado de gestación, sin embargo, hicieron caso omiso, e incluso, la habrían trasladado a bordo de una patrulla cerca del corralón, donde la detuvieron varias horas, y le amarraron una toalla en la cabeza que le impedía respirar. Por último, Romero Bastarrachea, advirtió que ninguna detención ilegal debe tolerarse, y se debe sancionar a las y los responsables.
