Redacción.- La actividad económica en el mundo está cayendo más de lo previsto hace unos meses como consecuencia de la crisis derivada de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y, con ello, aumentan los impactos externos negativos sobre América Latina y el Caribe a través del canal comercial, de términos de intercambio, de turismo y de remesas: dado que tanto el choque externo como el interno se han intensificado, la región evidenciará una caída del producto interno bruto (PIB) de -9,1% en 2020, con disminuciones de -9,4% en América del Sur, -8,4% en América Central y México y -7,9% para el Caribe excluyendo Guyana, cuyo fuerte crecimiento lleva al total subregional a una contracción menor (de -5,4%).
El documento plantea que la caída en la actividad económica es de tal magnitud que llevará a que, al cierre de 2020, el nivel del PIB per cápita de América Latina y el Caribe sea similar al observado en 2010, es decir, habrá un retroceso de 10 años en los niveles de ingreso por habitante.
“Se prevé ahora un aumento también mayor del desempleo, que a su vez provocará un deterioro importante en los niveles de pobreza y desigualdad”, declaró Alicia Bárcena en su presentación.
Se espera que la tasa de desocupación regional se ubique alrededor del 13,5% al cierre de 2020, lo que representa una revisión al alza (2 puntos porcentuales) de la estimación presentada en abril y un incremento de 5,4 puntos porcentuales respecto del valor registrado en 2019 (8,1%). Con la nueva estimación, el número de desocupados llegaría a 44,1 millones de personas, lo que representa un aumento cercano a 18 millones con respecto al nivel de 2019 (26,1 millones de desocupados). Estas cifras son significativamente mayores que las observadas durante la crisis financiera mundial, cuando la tasa de desocupación se incrementó del 6,7% en 2008 al 7,3% en 2009 (0,6 puntos porcentuales), indica el reporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Por otro lado, la caída de -9,1% del PIB y el aumento del desempleo tendrían un efecto negativo directo sobre los ingresos de los hogares y su posibilidad de contar con recursos suficientes para satisfacer las necesidades básicas.
En ese contexto, la CEPAL proyecta que el número de personas en situación de pobreza se incrementará en 45,4 millones en 2020, con lo que el total de personas en esa condición pasaría de 185,5 millones en 2019 a 230,9 millones en 2020, cifra que representa el 37,3% de la población latinoamericana. Dentro de este grupo, el número de personas en situación de pobreza extrema se incrementaría en 28,5 millones, pasando de 67,7 millones de personas en 2019 a 96,2 millones de personas en 2020, cifra que equivale al 15,5% del total de la población.
La CEPAL también proyecta una mayor desigualdad en la distribución del ingreso en todos los países de la región: el índice de Gini se incrementaría entre un 1% y un 8% en los 17 países analizados, y los peores resultados se esperan en las economías más grandes de la región.
Según el informe, los países de la región han anunciado grandes paquetes de medidas fiscales para hacer frente a la emergencia sanitaria y mitigar sus efectos sociales y económicos. Además, la magnitud de la crisis actual ha llevado a las autoridades monetarias a incluir herramientas convencionales y no convencionales en su accionar. Las acciones de los bancos centrales de la región han estado encaminadas no solo a atenuar los efectos de la crisis y sentar las bases para una eventual reactivación, sino también a la preservación de la estabilidad macro-financiera de las economías.
“Si bien los países de la región han anunciado medidas muy importantes, en la medida que se extiende el confinamiento se requieren esfuerzos adicionales para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares. La CEPAL ha realizado varias propuestas incluyendo la implementación de un ingreso básico de emergencia como instrumento de protección social, un bono contra el hambre -equivalente al 70% de una línea de regional pobreza extrema (67 dólares de 2010) y cuyo costo total se estima en 27,1 miles de millones de dólares (0,52% del PIB regional), y varias iniciativas de apoyo a empresas y trabajadores en riesgo. Para la implementación de cualquiera de estas líneas de acción es necesario fortalecer el rol de las instituciones financieras internacionales de forma que puedan apoyar mejor a los países”, enfatizó Alicia Bárcena.
“Los esfuerzos nacionales deben ser apoyados por la cooperación internacional para ampliar el espacio de política a través de mayor financiamiento en condiciones favorables y alivio de la deuda. Asimismo, avanzar en la igualdad es fundamental para el control eficaz de la pandemia y para una recuperación económica sostenible en América Latina y el Caribe”, afirmó Barcena.
