Redacción / Con información de Etelleck Consultores.- El proceso electoral federal concurrente de 2021 es ya el segundo más violento desde el año 2000. El número de políticos y aspirantes asesinados es 29.5% superior a las 61 víctimas mortales del ciclo electoral intermedio de 2015; mientras que las agresiones globales (homicidios dolosos, amenazas, privaciones ilegales de la libertad, robos, intimidaciones y otros delitos), registradas hasta el 30 de abril de 2021, superan en 64% las cifras de violencia que se habían presentado hasta el mismo corte del periodo electoral 2017-2018, el más violento de la historia, a falta de un mes para la jornada electoral del próximo 6 de junio de 2021. Así lo dice el Cuarto Informe de Violencia Política en México 2021 de Etellek Consultores con el análisis estadístico de las agresiones contra políticos y candidatos registradas mediante el monitoreo de fuentes abiertas, cubriendo el periodo que comprende del 7 de septiembre de 2020 (inicio del proceso electoral) al 30 de abril de 2021.
A 32 días de la jornada electoral del próximo 6 de junio, la violencia contra políticos y candidatos se ha disparado en el periodo de campañas. El Indicador de Violencia Política en México (IVP) de Etellekt Consultores registró 476 hechos delictivos en contra de políticos y candidatos (ver gráfico 1), con un saldo de 443 víctimas, 79 de ellas mortales (12 eran mujeres). La cifra de 443 víctimas globales equivale a un incremento del 64% en comparación al mismo periodo del proceso electoral 2017-2018.
Las agresiones en contra de políticos, aspirantes y candidatos en el actual proceso abarcó a 31 entidades y 321 municipios de la república (13% del total de municipios).
La violencia política representa no sólo un atentado a la democracia, compromete también la independencia, autonomía e integridad de las futuras autoridades electas y designadas en muchas de estas localidades, en donde algunos candidatos podrían acceder al poder mediante el uso de métodos violentos en contra de sus adversarios, lo que a mediano plazo podría traducirse en autoridades corruptas y en fenómenos subyacentes como el desvío de recursos o en actos de negligencia criminal en la construcción de obras públicas, que pongan en riesgo la integridad y vida de los propios ciudadanos.
Al igual que en la elección de 2018, las amenazas se convirtieron en el principal instrumento de violencia con un total de 174 casos, y un saldo de 172 víctimas, de las cuales 133 eran aspirantes y candidatos. El principal modus operandi de los agresores fue el envío de estas amenazas a través de redes sociales, desde cuentas anónimas, y a través de mensajes SMS o llamadas telefónicas desde líneas de prepago, para obligar a los aspirantes o cadidatos a retirarse de la contienda o renunciar a sus candidaturas. Desde el inicio del proceso, el IVP de Etellekt identificó a 17 aspirantes y candidatos que renunciaron a sus aspiraciones o candidaturas, respectivamente, después de haber recibido amenazas en contra de su integridad y la de sus familias; el último caso fue el de la candidata del partido local Armonía por México, a la alcaldía de Xochitepec, Morelos, quien renunció a su candidatura, e incluso cambió de residencia, después de recibir amenazas de muerte vía telefónica y por redes sociales.
Los actos de intimidación y maltrato físico y/o verbal (infracciones contra la dignidad), representaron la tercera agresión mas recurrente cometida de parte de militantes de partidos y grupos de choque, en contra de candidatos opositores y de sus colaboradores, en actos proselitistas o de promoción del voto en colonias, plazas públicas y zonas habitacionales.
De las 25 víctimas de privación ilegal de la libertad, una perdió la vida (el alcalde de Temósachic, Chihuahua), y otra más permanece desaparecida (el aspirante del PRI a la alcaldía de Mezquitic, en Jalisco. Las otras 23 víctimas fueron liberadas.
Se registraron también 14 víctimas de homicidio en grado de tentativa, seis de las cuales resultaron con heridas de arma de fuego. de las 14 víctimas, seis aspiraban a cargos de elección.
Se reportaron también 15 denuncias de candidatos y militantes de partidos en contra de funcionarios públicos, principalmente policías estatales y municipales, por presuntos actos de intimidación y hostigamiento en su contra.
2. Suman 282 los aspirantes y candidatos agredidos.
De las 443 víctimas globales, 282 son aspirantes y candidatos; en este rubro, el 41% son mujeres. De estos 282 aspirantes y candidatos, 195 buscaban cargos municipales (69%), 47 gubernaturas y diputaciones estatales (17%) y 40 diputaciones federales (14%). De las 282 víctimas de estos delitos, 31 perdieron la vida en atentados mortales* (6 de ellas eran mujeres), con lo que se alcanza la misma cifra de postulantes a cargos de elección asesinados en el mismo periodo de hace tres años.
Pese a lo anterior, la tendencia de ataques letales contra candidatos se ha estabilizado en abril, al registrarse 3 víctimas mortales, un descenso del 70% en relación a los 10 aspirantes y candidatos que perdieron la vida en atentados durante marzo.
3. Prevalece impunidad en atentados mortales contra candidatos y aspirantes. .
Desde el inicio del proceso electoral han perdido la vida en atentados 31 aspirantes y candidatos a puestos de elección, el IVP de Etellekt ha podido confirmar detenciones de los presuntos autores materiales realizadas por las autoridades en los homicidios de los aspirantes a presidencias municipales de Juventino Rosas, Guanajuato; Cosoleacaque, Veracruz; y Chilón, Chiapas. Sobre los posibles móviles, sólo en 4 de los 31 casos se presume la presunta responsabilidad de grupos de la delincuencia organizada, sin existir aún confirmación sobre su autoría intelectual o material, en otros dos casos el móvil está relacionado con asaltos, un homicidio más fue cometido por asuntos de tipo personal y se registra también un feminicidio en contra de una candidata a regidora.
4. Violencia contra aspirantes y candidatos, concentrada en Veracruz.
Los 282 candidatos agredidos pertenecen a 31 entidades federativas y 205 municipios del país (8% del total), el 16% pertenecen al estado de Veracruz, con un total de 45 víctimas. Le siguen los estados de Guerrero (23), Oaxaca (20), Michoacán (20), Puebla (18), San Luís Potosí (15), Estado de México (14), Tabasco (14), Quintana Roo (12), Ciudad de México (11) y Guanajuato (10). Estas 11 entidades concentran el 72% de las 282 víctimas globales.
5. Han sido asesinados 79 políticos, 28 familiares de políticos y 91 servidores públicos sin militancia: 198 víctimas mortales ligadas a la política y al servicio público durante el proceso electoral.
En el indicador de violencia letal, de los 79 políticos víctimas de homicidio doloso, Veracruz ocupa el primer lugar con un total de 14 víctimas (18% del total nacional). De los 31 aspirantes y candidatos asesinados, Veracruz ocupa también la primera posición, con un total de 8 víctimas mortales (26%).
Adicionalmente, desde el inicio del proceso electoral han sido asesinados 91 servidores públicos sin militancia o aspiraciones políticas. La violencia contra servidores públicos expone prácticamente la misma tendencia que los homicidios contra políticos en el periodo de campañas. Un patrón que refleja una alta vulnerabilidad de estos servidores públicos en procesos electorales con una alta probabilidad de alternancias políticas en el ámbito municipal.
Aun cuando muchos de estos servidores públicos no contaban con una militancia o aspiraciones políticas, es probable que algunos funcionarios de alto nivel, principalmente directores de gobierno a nivel municipal, llevarán a cabo funciones de tipo electoral para respaldar candidaturas que les garantizaran la continuidad en sus cargos, e incluso, su promoción futura a puestos de elección.
De los 28 familiares de políticos asesinados, 14 tenían un lazo consanguíneo con personas aspirantes y candidatas. Tres de estos casos se registraron en Veracruz, ocupando el primer lugar nacional, seguido de Jalisco, San Luís Potosí, Baja California y Estado de México con 2 casos cada uno, y en tercer lugar, los estados de Chiapas, Michoacán y Morelos, con una víctima por entidad.
6. Candidatos y políticos opositores, principal blanco de la violencia electoral.
El 78% de las 282 víctimas pertenecían a partidos opositores a los gobiernos estatales. El 75% de los 79 políticos que perdieron la vida en atentados eran opositores a los gobernadores de los estados. La violencia letal contra opositores afecta en mayor medida a los aspirantes a cargos de elección municipal.
De los 31 aspirantes asesinados (6 mujeres entre las víctimas), 26 perseguían puestos municipales, de estos, el 85% eran opositores a los alcaldes de los municipios donde buscaban contender electoralmente. Los 3 aspirantes y candidatos que se postulaban por diputaciones estatales pertenecían a partidos opositores a sus respectivos gobernadores, y los dos aspirantes a diputaciones federales, estaban afiliados a partidos opositores al gobierno federal.
7. El 49% de las víctimas mortales, pertenecían a la alianza opositora al gobierno federal.
El partido con el mayor número de afiliados que han perdido la vida en este proceso electoral es el PRI, con 15 víctimas mortales (19% del total), seguido por el partido Morena con 13 militantes asesinados (17%). Los partidos que conforman la alianza opositora al gobierno federal, compuesta por el PAN, PRI y PRD, concentran el 49% de las víctimas mortales, en tanto que el 28% de las mismas, estaban afiliadas a la alianza oficialista, integrada por los partidos Morena, PT y PVEM.
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