Redacción.- Desde hace décadas, las políticas de desarrollo urbano se han basado más en apoyar actividades económicas y empresariales que en fomentar el bienestar de los seres humanos.
Tanto el apoyo de las actividades económicas como la implementación de políticas de desarrollo social son responsabilidades ineludibles de los gobiernos municipal y estatal. En el caso de Yucatán, en años recientes se han favorecido los “megaproyectos” como estrategia principal para atraer inversiones, generar empleo y mejorar la calidad de vida del pueblo. Los ejemplosabundan, desde las plazas comerciales y complejos residenciales de lujo hasta el Centro Internacional de Convenciones, el Parque Científico y Tecnológico, la “Plataforma Logística” de Progreso, la Cervecería “Yucateca” en Hunucmá, y la actual propuesta de reubicar el aeropuerto.
La más reciente manifestación de un megaproyecto fue anunciada hace unos días con bombo y platillo por el gobierno del estado: el Estadio Sostenible de Yucatán. No es difícil justificar la construcción de un recinto moderno en una ciudad de casi un millón de habitantes, ya que las actuales instalaciones son anticuadas y demasiado pequeñas. A primera vista, cuando menos según la información difundida por el mismo gobierno, el estadio promete traer grandes beneficios para la gente que vive a su alrededor y a los meridanos en general: la construcción de un hotel, restaurantes y otros comercios, generación de 1000 empleos directos, y el “rescate” de
las vecindades Cordemex y Sodzil Norte.
A pesar de estos posibles beneficios, este megaproyecto, como muchas otras obras públicas de reciente gestión, presenta grandes defectos. En este caso específico, cinco temas son relevantes: el problema de la ubicación, la ausencia de transparencia, la apropiación de la cultura maya para fines de mercadotecnia, la manipulación del concepto de sostenibilidad, y la falta de participación ciudadana. A continuación, abordamos estos asuntos uno por uno.
La problemática de la ubicación
La decisión de ubicar el estadio a la salida a Progreso, frente a las plazas comerciales y en las inmediaciones de una zona habitacional, se debe oficialmente a la disponibilidad fortuita de un terreno que era sede hasta hace poco de la Escuela Normal Rodolfo Menéndez de la Peña. Este terreno, sin embargo, presenta varias complicaciones desde la perspectiva de planeación urbana.
Para comenzar, su ubicación sobre una arteria principal y la falta de un sistema de transporte público adecuado provocarán un caos vial. También, por escoger un terreno pequeño, de apenas cinco hectáreas, los accidentes de tránsito y atropellamientos de transeúntes serán inevitables, ya que muchas personas obligadas a estacionarse en las plazas comerciales cercanas arriesgarán sus vidas al tratar de cruzar la carretera a pie, haya puente peatonal o no. A la postre, aun contando los cajones de estacionamiento de las plazas aledañas, el proyecto no cumplirá las normas locales y de FIFA para el aforo planteado.
La ausencia de transparencia Aunque la posibilidad de construir un nuevo estadio no era un secreto, los procesos y la toma de decisiones se llevaron a cabo con total hermetismo desde la identificación del sitio de la obra, la selección del desarrollador, y el diseño del inmueble. A pesar de las afirmaciones del gobernador,
hasta la fecha no se ha comprobado si se realizaron estudios de costo-beneficio o análisis de los impactos sociales, económicos o ambientales ni cuáles eran los parámetros relevantes para dar luz verde a este proyecto en el lugar designado. Por último, aunque se habla mucho de los supuestos beneficios, no ha habido discusión alguna acerca de los inevitables costos al erario a largo plazo de subsidiar y mantener un proyecto de esta magnitud.
La apropiación de la cultura maya para fines de mercadotecnia En las últimas dos décadas se ha vuelto costumbre hacer referencia a la cultura maya para
justificar políticas de desarrollo económico e iniciativas particulares. En el caso del gobierno estatal, esta práctica consiste en la apropiación de simbología e iconografía para vender proyectos motivados principalmente por intereses económicos que carecen de beneficios sociales. La construcción del Gran Museo del Mundo Maya representa el caso más obvio y perverso de esta técnica.
La manipulación del concepto de sostenibilidad De igual forma, para fines de política pública el concepto de sostenibilidad ya carece de significado y se ha convertido en retórica de marketing con el afán de facilitar la actividad empresarial. Si se suman los criterios sociales, económicos y ambientales relevantes, este proyecto viola completamente los principios de la sostenibilidad. A fin de cuentas, el nombre “estadio sostenible” resulta una burla. La falta de participación ciudadana Sin lugar a dudas, la falta de participación ciudadana es el defecto más obvio de este proyecto.
Este error es especialmente grave ya que la sostenibilidad depende de la plena participación de la sociedad civil. El gobierno estatal no solo incumplió su responsabilidad de consultar la opinión de los vecinos acerca de la propuesta, los excluyó descaradamente de la toma de decisiones y los procesos de planeación. A la hora de anunciar el proyecto públicamente, se jactaron las autoridades de un proyecto social para reactivar una zona “rezagada” con folletos a todo color y una campaña mediática. Pero en ningún momento tomaron la molestia de averiguar la perspectiva de quienes serán los más afectados por la nueva obra proyectada.
Preguntas pendientes
Dadas estas inquietudes, quedan varias preguntas pendientes que las autoridades deben
responder:
• ¿Quiénes son los inversionistas en el proyecto? ¿Cuál es la procedencia de sus fondos?
• ¿Cuánto es el costo total del proyecto, tanto inversión privada como recursos públicos?
• ¿Cuánto va a costar la infraestructura urbana para apoyar este proyecto? ¿Quién cubrirá
esos costos?
• ¿A qué costos se destinarán los recursos públicos?
• ¿Cuál es la procedencia de los recursos públicos? ¿De cuántos años es el compromiso de
estos fondos?
• ¿Cómo va a quedar la situación jurídica del terreno del estadio (préstamo, renta, venta,
concesión)?
• ¿Cuánto dinero pensarán destinar para proyectos sociales y rehabilitación de los espacios
en Cordemex y Sodzil Norte? ¿Cuál es la procedencia de esos recursos?
• ¿Están dispuestos a mitigar los impactos del estadio y actividades relacionadas en la
calidad de vida de los vecinos? ¿Cómo se pagarán los costos de estas externalidades
negativas?
• ¿Fomentarán un proceso participativo entre los vecinos y permitirán que los residentes
mismos sean quienes decidan las prioridades y el destino de recursos?
• ¿Compartirán toda la información relevante acerca del proyecto, incluyendo los análisis
de costo-beneficio e impactos sociales y ambientales, oportunamente con los residentes
y la sociedad civil?
De no explicar la decisión de optar por una ubicación conflictiva, demostrar transparencia en la gestión, implementación y administración del proyecto, realizar iniciativas congruentes y tangibles para promover la sostenibilidad, fomentar la participación plena de los vecinos, y responder las demás preguntas que identificamos, el estadio sostenible de Yucatán carecerá de legitimidad, representará una carga injustificable para el erario, y acabará como una de tantas obras públicas convertidas en elefantes blancos con beneficios para los inversionistas y perjuicios para la sociedad.
Instituto de Docencia y Análisis Geográficos, Ambientales y Regionales, A.C.
Mérida, Yucatán, México
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