Redacción.- En la comisaría de Molas siguen las maniobras para despojar de sus casas y terrenos a decenas de familias que viven en dicho lugar. Con amenazas de que serán detenidos si tocan el alambre de púas y los postes de cemento construidos alrededor de casas y terrenos que un grupo de trabajadores y abogados han tendido a pesar de que el Ayuntamiento de Mérida clausuró dicha obra con el argumento de que es ilegal el proceder de dichas personas. Asimismo, la Profepa (Procuraduría del Medio Ambiente) colocó sellos de clausura en dicha cerca. Hasta ahora, ninguna autoridad explica qué está pasando en dicha comisaría y cómo un grupo de personas, de un día para otro, pueden apoderarse de un terreno donde viven decenas de personas y familias.
El conflicto, como se recordará, inicio hace un par de meses, como dimos a conocer en Infolliteras.com, cuando personas que decían ser familiares o/y representantes legales de Manuel Rodríguez Villamil quien hace un par de décadas habría cedido una parte de unos terrenos en Molas al Ayuntamiento de Mérida.
En el presente, dichos terrenos están en manos del IVEY (Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán), según pudieron saber los mismos pobladores que a pesar de no contar con recursos económicos han indagado para obtener documentos que acrediten su propiedad legal.
Como se recordará, el pasado mes de octubre, vecinos de la comisaría meridana de Molas (General Sebastián Virginia Molas) fueron recibidos en el Catastro Municipal por la directora Aura Loza Álvarez quien les explicó que el terreno en el que se ubican varias casas aparece al nombre de Manuel Rodríguez Villamil, persona que lo compró en 1989. Es decir, dichas casas y terrenos estarían dentro de una propiedad privada, por lo que deben desalojarlas. Sin embargo, la cerca construida con pilotes de cemento y alambrada de púas por quienes le habrían comprado dicho terreno a Rodríguez Villamil -y donde se pretendía edificar el fraccionamiento Chuntuak- habrían invadido parte del fundo legal de la comisaría de Molas de forma al parecer inadvertida.
Sin embargo, ahora se sabe que también el IVEY es propietario de una parte del terreno que ahora un grupo de personajes pretende apropiarse construyendo una cerca.
Y que la cerca ha sido construida ilegalmente, impidiendo entrar en sus hogares a personas que habitan allí en algunos casos más de 10 años.
Se trata de un auténtico despojo en el que las amenazas de usar la fuerza pública y las denuncias ante la Fiscalía General del Estado han sido utilizadas para presionar a los habitantes de Molas.
