Redacción.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán realizó, de enero a diciembre de 2021, un total de 274 supervisiones donde se documentaron las condiciones en las que se encuentran cárceles públicas, centros de reinserción, hospitales, centros de salud, así como el Centro de Atención al Menor en Desamparo (CAIMEDE), según dijo su titular en “informe” ante el congreso yucateco.
Al rendir el Informe Anual de Actividades 2021, el Presidente de la CODHEY, Miguel Óscar Sabido Santana, informó que, en los cuatro centros de reinserción social del estado, dos en Mérida, así como en el de Tekax y Valladolid, se advirtió que existe una infraestructura carente de mantenimiento y equipamiento en los dormitorios, servicios sanitarios, patios, áreas comunes y área de gobierno, que resultan necesarios para que las personas privadas de su libertad tengan una estancia digna.
Además, no tienen reglamento actualizado ni armonizado con la Ley Nacional de Ejecución Penal; falta personal de custodia y técnico operativo, personal médico, odontológico y de enfermería suficientes; carecen de personal psiquiátrico, especialistas en ginecología y de medicamentos suficientes.
De la misma manera, hacen falta programas para incentivar a los internos a que desarrollen una actividad laboral remunerada y capacitación para la misma; así como programas de formación suficientes para el personal directivo, técnico, jurídico, de seguridad y de custodia, sobre todo en materia de derechos humanos.
En ese sentido, también se adolece de protocolos escritos para evitar la propagación del COVID-19; y no existe un registro de la población interna con problemas de adicciones que permita elaborar un diagnóstico para evaluar su condición y establecer acciones para la aplicación de tratamientos para su rehabilitación.
De las supervisiones a las 106 cárceles municipales, así como a la cárcel pública de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se observó que 85 no tienen área para mujeres y 95 carecen de espacios especiales para adolescentes.
Además, más del 60% de las celdas tienen mala ventilación e iluminación; en 102 hacen falta lavamanos en el interior; aproximadamente 75 no tienen tazas sanitarias y están en malas condiciones de higiene, además que no pueden acreditar que proporcionen alimentos a las personas arrestadas.
En 60 cárceles no hay Juez Calificador o Juez de Paz que imponga las sanciones administrativas correspondientes; mientras que en 68 no se acreditó que se informara a las personas el motivo de su arresto, aunado a que carecen de reglamentos internos y manuales de procedimientos 101 cárceles y 87 tampoco tienen Bando de Policía y Gobierno. En entrevistas, el personal de 67 de las cárceles señaló que el número y capacidad de las celdas es insuficiente.
Las cárceles municipales con las mejores condiciones de infraestructura, de acuerdo con las supervisiones realizadas, son las de los municipios de Buctzotz, Kanasín, Mérida, Tekax, Tizimín, Umán y Valladolid, así como la de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Por el contrario, las que presentan mayores deficiencias son las de los municipios de Chankom, Chapab, Cuzamá, Dzan, Dzitás, Halachó, Homún, Izamal, Kopomá, Maní, Mayapán, Santa Elena, Tahdziú, Teabo, Tecoh, Tekit, Tepakán y Ticul.
Sabido Santana dio a conocer que el CAIMEDE también fue objeto de supervisión y en este ejercicio se logró advertir que pese a ser un centro para niñas, niños y adolescentes, albergan a personas mayores de 18 años en condiciones de discapacidad física y psicosocial, además de que se determinó que no tiene personal especializado ni instalaciones habilitadas para darles la debida atención.
Además, no hay criterios adecuados para la ubicación de los menores, pues únicamente se prevé su clasificación por edad y género, sin tomar en consideración su condición física, psicológica, psicosocial, enfermedades, discapacidades, cuidados especiales o alguna otra circunstancia.
En el mismo sentido, no todo el personal está capacitado profesionalmente en materia de trato y cuidado de menores; tampoco se realizan pruebas de control de confianza, carecen de personal médico especializado en Psiquiatría, Ginecología y Pediatría, las niñas y niños desarrollan muy pocas actividades deportivas y recreativas; y se carecen de ocupaciones laborales y de capacitación como preparación de vida para el exterior. Algunas partes del CAIMEDE, principalmente los baños de uso común y los de los dormitorios, requieren urgente mantenimiento.
Finalmente, también se supervisó al Hospital General Dr. Agustín O’Horán, Hospital Psiquiátrico Yucatán, Hospitales Comunitarios de Tekax, de Ticul, de Peto, Hospital General de Valladolid, Hospital General “San Carlos” de Tizimín y el Materno Infantil, así como los 125 centros de salud.
Respecto a las quejas, el Presidente de la CODHEY dijo que se recibieron un total de 2 mil 531 solicitudes de intervención, casi 7 al día, en las oficinas de Mérida, así como en las delegaciones de Tekax y Valladolid.
Los usuarios señalaron a diversas autoridades como presuntas responsables de violaciones a derechos humanos, las 10 más señalados fueron: Secretaría de Seguridad Pública del Estado; Fiscalía General del Estado de Yucatán; Ayuntamiento de Kanasín; Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Prodennay); Ayuntamiento de Mérida; Secretaría de Salud de Yucatán; Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán; Tribunal Superior de Justicia y los ayuntamientos de Progreso y Celestún.
En sus quejas, los ciudadanos exponen posibles hechos violatorios a sus derechos humanos, los 10 más señalados son: prestación indebida de servicio público, detención arbitraria; lesiones; amenazas; robo; violación al derecho de los menores a que protejan su integridad; intimidación; violaciones al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica; trato cruel, inhumano o degradante; dilación en la procuración de justicia; y retención ilegal.
Para la atención de los casos, el personal de la CODHEY realizó 9 mil 494 diligencias, ya sea de manera presencial, por correos electrónicos, llamadas telefónicas, entre otras.
Dentro de los procedimientos y para garantizar la integridad de los quejosos y agraviados, se dictaron 245 medidas cautelares y se interpusieron 15 denuncias penales contra funcionarios públicos por hechos que, además de ser presuntas violaciones a derechos humanos, también constituyen actos presuntamente delictivos.
Para apoyar en la búsqueda y localización de personas reportadas como desaparecidas o detenidas ilegalmente, se llevaron a cabo 70 diligencias.
Durante el periodo que se informa, se emitieron 31 recomendaciones a 20 autoridades diferentes. Las autoridades más recomendadas fueron: el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán tuvo 13 recomendaciones; el Secretario de Salud del Estado, el Fiscal General del Estado, la Junta de Gobierno del Hospital Comunitario de Ticul y el Ayuntamiento de Izamal, obtuvieron dos recomendaciones cada una.
Recibieron una recomendación el Secretario de Educación del Gobierno del Estado, el Director del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, así como los Cabildos de Chichimilá y Río Lagartos; y Presidentes Municipales de Celestún, Espita, Hunucmá, Kanasín, Muna, Progreso, Sucilá, Umán, Tixkokob y Valladolid.
Además, 126 servidores públicos estatales y municipales fueron sancionados por violaciones a derechos a través de amonestaciones, suspensiones temporales sin goce de sueldo o bajas definitivas del cargo, dependiendo de la gravedad de los hechos, el año pasado esta cifra fue de 54 funcionarios.
Respecto a las acciones de promoción y divulgación, se atendieron un total de 81,395 personas, destacando la capacitación a 2,555 policías estatales y 958 municipales.
Además, se firmaron 84 convenios con instituciones públicas y privadas, así como 42 Ayuntamientos.
