Redacción.- Desde el día 16 de febrero de 2022, periodistas de Yucatán entregaron una carta para solicitar de manera formal al Congreso del estado de Yucatán que promueva reformas que eliminen el delito de difamación, y de esta manera, evitar actos que inhiban su trabajo y violen el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.
Derivado de ello, el Congreso de Yucatán se comprometió a eliminarlo en este periodo ordinario, mismo que finaliza el próximo 31 de mayo. Si bien saludamos las declaraciones y apertura al diálogo por parte de la LXIII Legislatura del Congreso de Yucatán, reiteramos el llamado a fin de que presenten el dictamen correspondiente para eliminar el delito de difamación y con ello, prevenir la criminalización de periodistas por hacer públicas informaciones de interés público.
Esta derogación implicaría atender la Declaración conjunta 2021 sobre Líderes Políticos, Personas que Ejercen la Función Pública y Libertad de Expresión realizada por diversos sistemas de protección a derechos humanos, en la que se insta a abolir cualquier ley de difamación penal y sustituirla, cuando sea necesario, por leyes de difamación civil adecuadas, así como a reconocer, en la ley, en la política y en la práctica, la el imperativo especial de proporcionar un alto nivel de protección a la expresión política, incluida la que muchos pueden considerar indebidamente crítica o incluso ofensiva.
ARTICLE 19, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y Reporteros Sin Fronteras (RSF) respaldamos la petición del gremio periodístico en el estado de Yucatán y solicitamos a la LXIII Legislatura del Congreso del estado la eliminación del delito de difamación del Código Penal estatal dados sus efectos dañinos a la libertad de expresión.
El 16 de febrero de 2022, periodistas de Yucatán entregaron una carta para solicitar de manera formal al Congreso del estado de Yucatán que promueva reformas que eliminen el delito de difamación, y de esta manera, evitar actos que inhiban su trabajo y violen el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.
Las organizaciones firmantes recuerdan a la LXIII Legislatura del Congreso de Yucatán que el delito de difamación, uno de los llamados delitos contra el honor, contraviene estándares internacionales de libertad de expresión dado que puede ser utilizado para criminalizar particularmente a periodistas quienes hacen públicas informaciones de interés público a la ciudadanía.
En México los delitos contra el honor, forman parte de un sistema legal que es utilizado arbitrariamente por autoridades y otras personas con proyección pública quienes buscan silenciar a la prensa vía procesos judiciales. Según la documentación de ARTICLE 19, los hostigamientos judiciales van en aumento pues, en 2015 se documentó sólo un caso, luego 13 en 2016, para el 2019 ya eran 21 casos, y en 2020 escalaron a 39. Uno de los más recientes ejemplos es el caso de Esther Beatriz May Vera, quien fue vinculada a proceso en noviembre del año pasado por la acusación de difamación del Oficial Mayor del Ayuntamiento de Motul como represalia a las notas que Beatriz publicó sobre las agresiones e intimidaciones que ha vivido por parte de integrantes del ayuntamiento.
Al respecto de estos delitos, los relatores de libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Informe conjunto derivado de su última visita a México del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2017, exhortaron al Estado mexicano a reformar los códigos penales de las entidades federativas a fin de eliminar delitos que se apliquen para criminalizar la libertad de expresión, y abstenerse de usar otras disposiciones del derecho penal para castigar el ejercicio legítimo de la libertad de expresión.
Asimismo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió una resolución contra el Estado mexicano, donde determinó que es necesaria la derogación en todo el país de los delitos contra el honor [difamación y calumnias], puesto que la pena de prisión no resulta ni adecuada ni proporcional.
La derogación del delito de difamación sería un avance en la generación de condiciones más favorables para las libertades de expresión e información en Yucatán, ya que los mismos han sido utilizados de manera arbitraria por parte de actores con poder político o económico, para acallar voces críticas que les resultan molestas o incómodas.
En vista de lo anterior, ARTICLE 19, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), y Reporteros Sin Fronteras (RSF) se unen a la petición del gremio periodístico en Yucatán y llaman a la LXIII Legislatura del Congreso de Yucatán a derogar, de manera efectiva y diligente, el delito de difamación en el Código Penal de la entidad.
