Redacción.- La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, acudió a la Cámara de Diputados para informar a integrantes de la fracción del partido Movimiento de Regeneración Nacional los alcances de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar diversas leyes en materia de concesiones para minería y agua, y de esta forma recuperar la rectoría del Estado como guardián del derecho humano al medio ambiente sano, según dijo.
Durante su intervención, Albores González dijo que el impacto ambiental que esta actividad ha generado por residuos mineros o jales y que contaminan el aire, el agua y el suelo en perjuicio de las poblaciones que están alrededor. Por ejemplo, 15 millones de hectáreas propiedad de 5,000 núcleos agrarios se encuentran afectadas por estas concesiones, por lo que entre 2013 y 2018, las comunidades se han opuesto al menos a 169 proyectos.
Asimismo, afirmó que de 1992 a la fecha, se otorgaron 65,534 concesiones para exploración y explotación minera, poco más de 117 millones de hectáreas, lo que representa cerca del 60% de los 195.6 millones de hectáreas de la superficie nacional.
Ante este escenario, la titular de la Semarnat enfatizó “que el país debe contar con un marco jurídico que responda a la impostergable necesidad de dar al sector ambiental herramientas legales con las cuales se pueda defender, de manera efectiva, los recursos naturales y salvaguardar el bienestar de las comunidades”.
En este mismo informe también acudió la titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Economía, Guadalupe Araceli García, en representación de Raquel Buenrostro, quien también enfatizó la importancia de esta iniciativa que pone énfasis en el otorgamiento, mantenimiento, supervisión y terminación de las concesiones mineras y de agua para esta actividad con base en la situación de los recursos hídricos del país y de los nuevos minerales, como el litio, que le corresponde la explotación exclusivamente al Estado.
Asimismo, informó que esta reforma modifica el nombre para quedar como Ley de Minería y elimina el carácter preferente a estas actividades dándole prioridad a la distribución equitativa de la riqueza pública, garantizando la protección del medio ambiente para un desarrollo equilibrado y sustentable.
Finalmente ambas funcionarias invitaron a las y los diputados a trabajar juntos para impulsar esta iniciativa en bien de la transformación de nuestro país y concretar el proyecto de la Cuarta Transformación que permitirá acotar los impactos ambientales de las actividades mineras.
Cabe destacar que el pasado 28 de marzo se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados la iniciativa del Ejecutivo Federal para reformar disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Resaltan, según se dijo, las reformas para prohibir en ANP, humedales, cauces y zonas federales de aguas nacionales obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias, y la disposición final de los residuos mineros y metalúrgicos.
Asimismo, los titulares de una concesión minera ya no podrán concentrar más del 30% del volumen de agua de una cuenca o acuífero; se deberá realizar la consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas que habiten u ocupen la zona y no se otorgarán concesiones en zonas sin disponibilidad de agua.
Destaca también que se reduce la duración y prórroga de las concesiones mineras de 50 a 15 años prorrogables por otros 15, si se cumplen obligaciones estipuladas por la normatividad.
Esta iniciativa, según dijo la Semarnat, fue resultado del trabajo realizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y sus sectorizados, con apoyo decidido de la Secretaría de Economía y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, para atender las implicaciones de la actividad minera en los aspectos ambientales, de agua, sociales y económicos, que es un tema prioritario del Gobierno de México para garantizar la protección de los derechos humanos a un ambiente sano, según dicen.
