En respuesta a las muertes, las heridas y los sufrimientos causados por las municiones en racimo en civiles, 107 Estados negociaron y aprobaron la Convención sobre Municiones en Racimo en Dublín, Irlanda, en 2008. En septiembre del presente año, deberá haber una nueva reunión. Mientras tanto, el presidente estadounidense, Joe Biden aprobó su envió al gobierno de Ucrania con la justificación de que tanto el ejército estadounidense como la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) y Ucrania, se están quedando sin municiones en su guerra contra Rusia. En efecto. el presidente estadounidense, Joe Biden aprobó el suministro de municiones de racimo de su país para la guerra sin fin en Ucrania. La medida, pisotea la convención que prohíbe la producción, el uso o la transferencia de municiones en racimo. Las armas de racimo explotan en el aire sobre un objetivo, liberando de docenas a cientos de submuniciones más pequeñas en un área amplia, lo que provoca que no sólo militares fallezcan o resulten heridos, sino civiles, niños, campesinos, inclusive muchos años después de los conflictos militares.
La Convención es una adición importante al derecho internacional humanitario (DIH). Establece nuevas normas para garantizar que dejen de emplearse las municiones en racimo y que se aborden los problemas causados por esas armas en el plano humanitario. Es importante señalar que la Convención contiene disposiciones específicas para responder a las necesidades de las víctimas y las comunidades afectadas. El instrumento entra en vigor el 1 de agosto de 2010.
La Convención establece una prohibición general de las municiones en racimo; prohíbe su empleo, producción, almacenamiento y transferencia. Además, prohíbe a los Estados Partes asistir, alentar o inducir a terceros a realizar cualquiera de las actividades prohibidas por las disposiciones del tratado.
Según Human Rights Wacht, el gobierno de Estados Unidos afirma que las municiones en racimo tienen utilidad militar: la última vez que las utilizó oficialmente fue durante la invasión de Irak en 2003, con la excepción de un único ataque en 2009 en Yemen.
Aunque Estados Unidos ha utilizado municiones en racimo en todas las guerras importantes desde Corea, se cree que no se han producido nuevas durante años. Pero hasta 4,7 millones de proyectiles de racimo, cohetes, misiles y bombas, que contienen más de 500 millones de submuniciones o bombetas, permanecen en los inventarios militares, según estimaciones de Human Rights Watch extraídas de informes del Departamento de Defensa.
Más de 120 países se han sumado a la convención que prohíbe su uso como inhumano e indiscriminado, en gran parte debido a las altas tasas de fallas, lo que desperdiga submuniciones sin explotar que ponen en peligro tanto a las tropas amigas como a los civiles, a menudo durante décadas después del final de un conflicto. Estados Unidos, Ucrania y Rusia, no son parte de la convención. Ocho de los 31 miembros de la OTAN, incluido Estados Unidos, no la han ratificado.
Por otro lado, los Estados que poseen o que están afectados por las municiones en racimo tienen la obligación específica de destruir las reservas, eliminar los restos de municiones en racimo y prestar asistencia a las víctimas.
- Destrucción de reservas – Cada Estado debe, en un plazo de ocho años a partir del momento en que ese Estado pase a ser Parte en la Convención, destruir las reservas de municiones en racimo bajo su jurisdicción y control. Este plazo puede prorrogarse hasta un máximo de cuatro años y se podrán, en circunstancias excepcionales, solicitar prórrogas adicionales de hasta cuatro años. Asimismo, los Estados podrán conservar un número limitado de municiones en racimo y submuniciones explosivas para la formación en materia de remoción de esos artefactos y el desarrollo de técnicas de destrucción.
- Remoción de restos de municiones en racimo – Cada Estado también deberá limpiar su territorio de las submuniciones sin estallar y de las municiones en racimo abandonadas en un plazo de 10 años a partir del momento en que ese Estado pase a ser parte en la Convención. Si no puede hacerlo, podrá solicitar prórrogas por períodos adicionales de cinco años. Los Estados también deben conducir programas de educación sobre el riesgo que conllevan esas armas para sensibilizar a los civiles que viven en zonas afectadas por municiones en racimo o en sus alrededores.
- Asistencia a las víctimas – La Convención contiene firmes disposiciones sobre la asistencia a las víctimas. Cada Estado Parte que tenga víctimas de las municiones en racimo en áreas bajo su jurisdicción o control debe proporcionar atención médica, rehabilitación física, apoyo psicológico y los medios para lograr su inclusión social y económica. Además, debe evaluar las necesidades de las víctimas en esas zonas, elaborar planes y movilizar recursos para satisfacer dichas necesidades. Es la primera vez que se incluye en un tratado de DIH una disposición pormenorizada sobre asistencia a las víctimas.
Cabe observar que la expresión ” víctimas de municiones en racimo ” no sólo abarca a las personas que han resultado muertas o heridas por el empleo de municiones e n racimo, sino también a los familiares y las comunidades que han padecido consecuencias socioeconómicas y de otra índole. Esta definición amplia tiene en cuenta el creciente consenso que predomina entre los implicados en la remoción de las armas.
