La armadora instalada en Cuautlancingo, Puebla de la Volkswagen despidió a 200 trabajadores sin mediar previo aviso y con la complicidad de las autoridades federales del trabajo. Según la información dada a conocer por medios poblanos, algunos de los trabajadores cuentan con hasta 30 años de antigüedad. El despido ocurrió bajo el esquema de “terminación voluntaria”, autorizado por la Secretaría del Trabajo federal. “Volkswagen de México tomó la decisión de dar por concluido el contrato para la operación de su almacén de refacciones con Volkswagen Group Services México S.A. de C.V. (VWGSM). Junto con el cumplimiento ordenado y legal por parte de VWGSM del fin de su relación laboral con las 156 personas que se desempeñaban en este almacén, el nuevo proveedor ofreció a los interesados integrarse a su fuerza laboral bajo sus propias condiciones de contratación”, señaló la compañía alemana que opera en México en un comunicado.
El pasado viernes 28 de febrero, la abogada Katya González Gasca, representante de la Secretaría del Trabajo federal, acudió al sitio. Sin embargo, los ahora extrabajadores señalaron que no se identificó debidamente ni les brindó asesoría sobre los términos de la “terminación voluntaria”. La mañana del viernes 28 de febrero quedará marcada para cerca de 200 trabajadores de confianza en Volkswagen de México. Sin previo aviso, fueron citados en una reunión interna donde se les notificó el fin definitivo de su relación laboral.
El abogado de la armadora, acompañado por personal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), explicó que sus actividades serían absorbidas por la empresa proveedora Car Solutions América (CAS).
Algunos de los aproximadamente 156 trabajadores (ese es el número, según la empresa) despedidos del área de refacciones Volkswagen de Puebla, fueron citados a las 12:00 horas. Durante el encuentro, personal de alto nivel de la armadora intentó justificar la medida.
Los afectados denunciaron que sus derechos laborales estaban siendo vulnerados. Cuestionaron a la abogada González Gasca y le pidieron que les explicara si este acuerdo era legal o no.
Aunque el proceso de liquidación contó con la presencia del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), algunos empleados denunciaron que fueron presionados para firmar su baja como si se tratara de una renuncia voluntaria. Ante esta situación, un grupo de trabajadores rechazó el acuerdo y anunció que emprenderá acciones legales en busca de su reinstalación o de una indemnización justa.
