El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-magister” urgió a las autoridades mexicanas de los tres órdenes de gobierno a investigar de manera adecuada los homicidios cometidos en el país, principalmente “los relacionados con el crimen organizado que, son clasificados de manera errónea, en el mejor de los casos”.
El presidente del GIDH, Jesús Rey Fierro Hernández, explicó que el sistema de justicia penal mexicano mantiene graves errores en la investigación de homicidios, mismos que arrojan datos contradictorios en la cuantificación y clasificación de delitos en todo el territorio nacional.
“México mantiene una de las tasas de homicidio más altas del mundo, con casi 25 homicidios por cada 100 mil habitantes según cifras oficiales de 2024; entre 2010 y 2024, las fiscalías estatales abrieron alrededor de 300 mil investigaciones por homicidio doloso, pero solo 51 mil casos llegaron a la fase de proceso penal, es decir, apenas el 17 por ciento”, advirtió.
El doctor en derecho Fierro Hernández -reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017- detalló que la mayoría de estos crímenes están vinculados a la lucha entre grupos criminales por el control del narcotráfico y otros delitos y no, a delitos del fuero local o menores.
“Muchas investigaciones no avanzan debido a la falta de recursos, la sobrecarga de trabajo en las fiscalías y la escasa coordinación entre instituciones. En muchos casos, las familias de las víctimas enfrentan obstáculos como la corrupción, estigmatización y la exigencia de sobornos para que se investiguen los asesinatos”, expuso.
El también abogado litigante, Jesús Rey sostuvo que hay infinidad de reportes, particularmente en las diferentes entidades del país, donde se exponen amenazas al exigir justicia ante presuntos homicidios donde participan sicarios de grupos delincuenciales organizados.
“Cuando los homicidios llegan a juicio, las pruebas suelen ser débiles, fabricadas o basadas en confesiones obtenidas mediante tortura. En este sentido, es importante precisar que, una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revela que el 40 por ciento de las personas encarceladas por homicidio desde 2016, afirmaron haber sido golpeadas o torturadas para que se declararan culpables”, dijo.
Explicó que la falta de independencia judicial impide que los jueces puedan actuar sin presiones políticas, lo que agrava la crisis de impunidad. Por otro lado, las autoridades suelen asumir que las víctimas de homicidio estaban involucradas en actividades criminales.
En este mismo sentido, Fierro Hernández, también coordinador del despacho jurídico “BJF y Asociados”recordó que el Congreso de la Unión aprobó reformas para que los jueces estatales y federales sean elegidos por voto popular, lo que podría debilitar aún más la independencia judicial en nuestro país.
Por este motivo, el defensor del pueblo hizo un llamado a la administración de Claudia Sheinbaum para que garantice investigaciones exhaustivas y fortalezca los mecanismos de rendición de cuentas en todo el país.
“Es preciso crear un plan estratégico para la persecución penal, que priorice la desarticulación de los grupos criminales responsables de homicidios y otros delitos”, dijo; al tiempo de solicitar una mejor supervisión ante fallas en las fiscalías a través de mecanismos independientes que permitan a ciudadanos y organizaciones civiles denunciar irregularidades.
