Agustín Espinoza Lagunas, secretario general de la Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina (COUC) en Sinaloa, expresó públicamente su preocupación ante una creciente ola de demandas que están recibiendo productores agrícolas del estado por parte del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, derivadas de adeudos no finiquitados con la extinta Financiera Nacional de Desarrollo mejor conocida por los productores como Financiera Rural.
El dirigente campesino señaló que, desde diversas regiones del estado, productores se han comunicado alarmados por la situación legal que enfrentan. Estas demandas, explicó, están vinculadas a créditos adquiridos antes de la desaparición de la Financiera Rural, lo que ha dejado a los agricultores en una posición crítica tanto financiera como jurídica.
“Sinaloa no es un estado cualquiera en el panorama agrícola nacional. Es el motor agropecuario del país. Aquí se practica una agricultura comercial de alto costo y nuestros productores, sin importar el tamaño de sus parcelas, realizan inversiones considerables en cada ciclo productivo”, destacó Espinoza Lagunas.
Espinoza Lagunas, detalló que el sector agrícola sinaloense acumulaba una cartera vencida superior a los 429 millones de pesos hasta febrero de 2025, a raíz del cierre repentino de la financiera a medio ciclo productivo. Aseguró que muchos productores ya habían recibido una o varias ministraciones de sus créditos, viéndose obligados a recurrir a financiamientos de emergencia con tasas de interés mucho más altas para rescatar sus cosechas.
“Cuando llegó el momento de pagar, no había a quién. Y ahora que sí hay quien cobre, simplemente ya no se puede. Es una ironía amarga”, lamentó.
Aunque reconoció el reciente anuncio de una nueva Financiera Nacional que atendería a productores con extensiones de entre 5 y 10 hectáreas, consideró que esta medida es insuficiente para Sinaloa. Puntualizó que, el problema de fondo es mucho más profundo y requiere una política pública integral de financiamiento rural a la altura de las necesidades del estado.
Espinoza Lagunas recalcó que los agricultores sinaloenses han demostrado un historial ejemplar de cumplimiento, con tasas de recuperación de cartera de hasta el 99 por ciento durante la operación de la extinta financiera. “No somos deudores por negligencia o mala fe. Nos han golpeado las sequías, los bajos precios internacionales y el abandono institucional”, afirmó.
Ante esta situación, dijo que la COUC propone un programa nacional de “borrón y cuenta nueva” para los productores agrícolas afectados, como única alternativa justa y viable para evitar que pierdan sus tierras, su maquinaria y, en última instancia, el sustento de sus familias.
“El campo sinaloense es un pilar de la seguridad alimentaria del país y el gobierno federal tiene la obligación moral y económica de intervenir con urgencia. Es hora de que se nos haga justicia”, concluyó.
