El Gobierno de México expresó su desacuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA por sus siglas) por su informe preliminar de las elecciones al Poder Judicial. La OEA publicó un informe de la misión que visitó nuestro país durante el proceso electoral y si bien destacó “que la votación se desarrolló en un clima de tranquilidad” observó con la baja participación ciudadana del proceso.
“La MOE/OEA observa con preocupación el bajo nivel de participación de la ciudadanía. De acuerdo con los datos disponibles al momento de la elaboración de este informe, la participación para la elección fue de aproximadamente 13%1 ; se trata de unos de los niveles más bajos de participación en la región para un proceso electoral. Asimismo, se registró un alto porcentaje de votos nulos y no marcados”.
Asimismo, dice que “no existe precedente en el mundo en el que la totalidad de los jueces de un país sea elegida mediante sufragio universal”.
La OEA también afirma que “la ciudadanía y las instituciones mexicanas deberán evaluar si el modelo actual de selección de autoridades judiciales a través del voto popular, que no tiene precedentes a nivel mundial, contribuye a fortalecer los principios fundamentales de la administración de justicia; o si, por el contrario, acaba debilitando la transparencia, imparcialidad, eficacia e independencia del Poder Judicial”.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a través de la Misión Permanente de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó, mediante una nota diplomática dirigida al secretario general de la Organización, “su firme rechazo a algunas recomendaciones contenidas en el informe preliminar de los observadores enviados para la elección del Poder Judicial el pasado 1 de junio”.
En dicha nota, explica la SRE, se deja constancia que “la Misión de Observación Electoral de la OEA rebasó el mandato de la misma e incurrió en acciones contrarias a los principios de la Carta de la Organización”, en particular el Artículo 3 (e) que señala: “todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga”.
“Una Misión de Observación Electoral no cuenta con la facultad para tratar de imponer sus propios criterios sobre la forma en que los países, en uso de su soberanía, deben conformar su poder judicial. Menos aún, de emitir juicios de valor que rebasan sus atribuciones”.
Y concluye la SRE: Como lo señala el propio informe, la organización del proceso electoral y la celebración de los comicios del 1 de junio, se apegó estrictamente a las normas constitucionales y leyes electorales vigentes en nuestro país.
