En Puebla ya entró en vigor la “Ley Censura”, oficialmente llamada Ley de Ciberseguridad. Castiga con hasta 3 años de cárcel a quien “insulte” u “ofenda” en redes sociales. La norma fue publicada por el gobernador Alejandro Armenta en el Periódico Oficial del Estado. El nuevo delito: “ciberasedio”. Y su definición es tan ambigua que puede usarse contra periodistas, críticos o ciudadanos incómodos. Organizaciones como Artículo 19 advirtieron que esta ley abre la puerta a la persecución por opinar en internet.
La iniciativa fue impulsada desde noviembre de 2024 por el entonces diputado morenista Jose Luis Garcia Parra, hoy coordinador del gabinete del gobernador Alejandro Armenta. La reforma fue aprobada por mayoría en el pleno del Congreso, mediante un proceso de vía rápida, sin abrir el debate a organizaciones, académicos o ciudadanía. Este patrón se repite con otras reformas recientes, en ese Estado.
#TodoMexicoEsPuebla es una protesta digital que alcanzó alcance nacional el 16 de junio de 2025, en respuesta a la recién aprobada ley de ciberseguridad en Puebla, conocida popularmente como la “Ley Censura” la que establece que conductas como insultos, ofensas o injurias en plataformas digitales con penas de 11 meses a 3 años de prisión y multas entre 50 y 300 días de UMA, equivalente a aproximadamente 5,700–39,600 pesos.
Quienes la cuestionan advierten que su redacción ambigua puede criminalizar la crítica ciudadana, la sátira o expresiones periodísticas, y sentar un precedente peligroso a nivel nacional.
Organizaciones como Artículo 19, y la Red de Periodistas Puebla, alertaron que la reforma incumple principios básicos del derecho penal, como el de taxatividad, al incorporar definiciones amplias o vagas que pueden ser utilizadas de manera arbitraria contra periodistas, medios y ciudadanos críticos.
Artículo 19 recordó que, entre 2018 y 2024, se han documentado al menos 22 procesos judiciales contra periodistas en Puebla por su labor informativa, lo que demuestra una tendencia preocupante de uso del derecho penal para intimidar a la prensa. También subrayaron que el marco legal propuesto podría obstaculizar investigaciones de corrupción o restringir la labor de alertadores que deseen revelar prácticas indebidas del gobierno.
