El Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito concedió la suspensión provisional del dragado que el gobierno estatal y federal realizan en el Puerto de Altura de Progreso, Yucatán, a personas que interpusieron el juicio de amparo 1919/2025.
En efecto. Un juez ordenó detener de forma inmediata el dragado y relleno de más de 80 hectáreas en el Puerto de Altura de Progreso, Yucatán.
Los abogados Juan Andrés Medina Rejón y José Alfredo Uicab Panti promovieron un amparo 1919/2025 y solicitaron la suspensión del dragado y relleno de más de 80 hectáreas en el Puerto de Altura de Progreso con la justificación de daños ambientales, destrucción del fondo marino, y erosión de la zona costera.
En el mismo sentido la autoridad federal ordenó notificar a las partes demandadas, así como a la Administración del Sistema Portuario Nacional, Progreso, Sociedad Anónima de Capital Variable (Asipona, Progreso) a fin de vigilar el cumplimiento de la medida cautelar concedida, y fijó el plazo de 24 horas para que acredite ante el juzgado federal haber dado cumplimiento a la medida suspensiva, en los términos concedidos hasta en tanto se dicte la resolución de suspensión definitiva.
Según la información disponible comunidades de Progreso, Chicxulub y Chelem, dichos abogados, junto con “defensores ambientales”, promovieron el juicio de amparo ante “la falta de consulta pública, la omisión de evaluación científica y los impactos acumulativos del dragado. E impugnaron actos de las autoridades federales, estatales y empresas privadas que ejecutan el proyecto sin transparencia ni medidas de mitigación”, según afirman.
Asimismo, se notificó a la Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso (ASIPONA), para que en un plazo de 24 horas vigile y cumpla la medida cautelar, bajo apercibimiento legal.
El abogado Medina Rejón hizo un llamado a la ciudadanía, a los medios de comunicación, sociedad civil y organismos independientes a vigilar el cumplimiento de la suspensión, exigir transparencia y defender el derecho a un medio ambiente sano.
