Eduardo Lliteras Sentíes.- El multimillonario fraude cometido a través de la inmobiliaria Inverco en Yucatán permanece sin ser mencionado por las autoridades del estado “más seguro” del país, a pesar de que cientos de familias fueron estafadas, vilmente robadas, en su patrimonio, encontrándose vulneradas y desorientadas ante el golpe propinado por personas que maquinaron dolosamente el engaño ofreciendo viviendas que nunca construyeron. Dichas personas se ocultan en Yucatán y, a través de promesas y de ofertas para convertir a los defraudados en vendedores de otros de sus desarrollos quebrados, han venido ganando tiempo y engatusando a los compradores con promesas falsas de diversos tipos. Estamos ante una estrategia para ganar tiempo y así evitar responsabilidades judiciales a la vez que se crea un entramado legal difícil de desentrañar para los afectados. En el legislativo local, ya de salida, ningún diputado o diputada -tampoco los llamados representantes del “pueblo”- han abierto la boca o pedido al menos una comisión investigadora. En Palacio de Gobierno, la secretaria general de gobierno opta por el silencio, no vaya a ser que también por ahí algún familiar tenga metida una manga.
Por lo pronto, se habla de un fraude por un monto que rondaría más de 500 millones de pesos y que ha golpeado no sólo la economía, sino la salud y la estabilidad emocional de cientos de personas que compraron casas de buena fe creyendo en el llamado “sueño yucateco”, el que se ha revelado una pesadilla con casas sin construir en el fraccionamiento Pedregales de Misnebalam, ubicado en el municipio de Progreso.
Figuras políticas del más alto nivel de Yucatán se encuentran involucradas en el timo más grande del sector inmobiliario yucateco detectado hasta ahora en el sexenio que acaba, lo que explicaría el silencio por parte de las autoridades, ya que las complicidades y los negocios entre las cúpulas políticas del estado forman también parte no sólo de ésta trama, sino del boom inmobiliario en el estado.
Por tal motivo un grupo creciente de los afectados se está organizando para defenderse legalmente y denunciar por la vía penal a los responsables. La mayoría de los compradores han realizado numerosos viajes a Yucatán infructuosamente: no han conseguido que les devuelvan el dinero, ni tampoco, en la mayoría de los casos, que les den explicaciones claras y en cambio han recibido promesas que se cumplirían dentro de algunos años (supuestamente), groserías y burlas a manera de explicaciones, mientras los responsables no dan la cara, sino achichincles imberbes.
La desesperación de muchos defraudados, personas que viven en otros estados del país y también en el extranjero, particularmente mexicanos avecindados en Estados Unidos y Canadá- es expresión de la falta de orientación jurídica y de la inacción y silencio de las autoridades yucatecas. El escándalo es de tal envergadura que algunos medios acudieron a la llamada Mañanera en Palacio Nacional -retomando la información que hemos dado a conocer en las últimas semanas- comprometiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador a investigar lo que sucede con Inverco, empresa registrada por Miguel Ángel Aguayo de Pau y Rolando Alberto Bello Mejía, el 4 de diciembre de 2018 ante el Registro Público de Comercio. Dichos personajes, hoy formalmente fuera de la dirección de la empresa “Inversión Colectiva Inmobiliaria, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable” (Inverco, S.A.P.I. de C.V.) la registraron ante el corredor público número 11, Patricio Solís Millet, como dimos a conocer en anteriores notas.
Rolando Bello Mejía, sobrino del exgobernador priista Rolando Zapata Bello, renunció al cargo de secretario del Consejo de Administración en agosto de 2022, como informamos. Bello Mejía fue premiado por el gobierno Vila con el nombramiento de Notario Público de la notaría 113 con sede en el municipio de Progreso en dichas fechas y sustituido por William Armando Morales Heredia.
Algunas personas, una exigua minoría, han obtenido alguna de las pocas viviendas construidas, de baja calidad y sin servicios que Inverco ha edificado como fachada para realizar su fraude y engaño a 700 personas, según datos de los mismos defraudados que señalan que la empresa ha edificado únicamente 143 casas en éstos años. Otros, que se ostentan como felices compradores, son en realidad paleros al servicio de quienes se embolsaron los cientos de millones de pesos, cuyo destino se desconoce, y que al parecer nadie investiga su destino. Las flamantes instituciones anti corrupción del estado, ya se sabe, son membretes y en el peor de los casos, arietes contra opositores, críticos o periodistas en una de esas, como ha sucedido con la fiscalía.
Como advierten algunos de los defraudados, las personas que obtuvieron algunas de las viviendas edificadas ciertamente tendrán que andar como si fuesen “paracaidistas de sus propias casas, buscando en las diversas dependencias de gobierno que les resuelvan los problemas de servicio de limpia (de basura), suministro de electricidad, garantía de agua potable, alumbrado público, y hasta que les ayuden a conseguir sus escrituras o algún título de propiedad. Ahí se darán cuenta en la que se metieron, cuando tengan que pagar por vigilancia de todo el fraccionamiento, porque no podrán ni salir a playa o ir a nadar a uno de los bonitos cenotes, incluso ir a comer a un restaurante de Mérida, porque siempre estarán pensando en cuidar sus casas, viviendo ahí encerrados para que no vayan a entrar a robarles (lo mucho que tienen) o que vayan a invadirles sus terrenos”.
En todo éste enredo hay quien señala “que Aguayo, cuando aún era presidente de Inverco y, a la vez presidente de la construtora Na Ha, firmó dobles contratos con diversos clientes con lo que hizo negocio doble: por un lado les vendió el terreno (200 m2) con contrato de Inverco y por separado les dio contrato de Na Ha, como empresa constructora que le construiría su casa”. Y claro, la mayoría se quedaron, además, con un palmo de narices. ¡Bienvenidos a Yucatán!
