Redacción.- El titular de la Auditoría Superior del Estado, Mario Can Marín, entregó a la LXII Legislatura el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Estatal 2018, así como los Informes Individuales, correspondientes a la tercera entrega, que contienen 88 entes públicos.
El documento fue recibido por el presidente de la comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Combate a la Corrupción, Alejandro Cuevas Mena (PRD), con la presencia de la presidenta de la Mesa Directiva de la actual Legislatura, Janice Escobedo Salazar (PRI); el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso estatal, Felipe Cervera Hernández (PRI); así como la coordinadora de la fracción del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama.
El auditor estatal detalló que el documento contiene un resumen de las actividades que ha realizado el órgano fiscalizador, que incluyen propuestas legislativas, para mejorar la gestión administrativa y financiera de los entes fiscalizados.
Además, Can Marín, añadió que el Informe cuenta con un análisis de la deuda pública y un estudio macroeconómico, que busca mejorar la inversión de los municipios; al igual que comentó que, los tiempos de fiscalización son más rápidos, al actualizar la ley, y por ello se han presentado denuncias, observaciones y áreas de oportunidad.
“Trabajamos con una planeación estratégica a través de la fundamentación de las observaciones y el trabajo generalizado”, reiteró.
En su turno, el diputado Cuevas Mena adelantó que se estudiarán las propuestas de reformas a las leyes en la materia, por parte de la ASEY, porque “quien hace la labor de fiscalizar tiene de primera mano la información y las necesidades, así como los hallazgos que permitan hacer mejor el trabajo”.
Regidores
La comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación aprobaron por unanimidad el número de regidores de mayoría relativa y representación proporcional de los Ayuntamientos, para el próximo proceso electoral que iniciará en 2021, la cual no tuvo cambios con respecto a los comicios anteriores.
La presidenta de la comisión Karla Franco Blanco (PRI), aclaró que la Ley de Gobierno de los Municipios, establece que el Congreso estatal deberá establecer el número de ediles el año previo a que inicie el proceso electoral.
De la misma manera, continuó el análisis de la Iniciativa para adicionar el artículo 7 al Código de la Administración Pública de Yucatán, suscrita por Alejandro Cuevas, que busca establecer como obligación que el Gobierno estatal y los municipales, cuenten con una persona mayahablante en áreas de primer contacto para brindar asesoría a la comunidad indígena.
Para ello, se distribuyó entre los integrantes de la Comisión, la información solicitada por la diputada Díaz Lizama al Instituto de Investigaciones Legislativas; para lo cual, Miguel Candila Noh (Morena) calificó los datos como incompletos porque no se sustentó de manera oficial por parte de los Ayuntamientos, por lo que pidió que los alcaldes sustenten lo requerido mediante oficio.
En este sentido, Franco Blanco aclaró que se entregó esta información para que fuera analizada en los siguientes días, al igual que se consideró un convenio de colaboración con el Indemaya para capacitar al personal que se tenga en cada dependencia y municipio, con el fin de no erogar recursos.
Así mismo, Díaz Lizama señaló que se debe revisar el marco legal de la iniciativa para ver si es viable, porque ya lo contempla, de manera general, la Constitución Política del Estado y una Ley secundaria, aunque también se puede complementar, porque en la propuesta, específica que haya personal en el área de Atención Ciudadana.
Aunado a esto, Silvia López Escoffié (MC) indicó que el objetivo de la iniciativa es relevante para que en los centros de contacto directo haya orientación a los mayahablantes, porque Yucatán es el estado con más personas que hablan lengua indígena.
Por último, el diputado Felipe Cervera, sugirió que también se le pida a las dependencias estatales y Ayuntamientos contesten mediante los correos electrónicos oficiales, al igual que en la propuesta que le hicieron al Instituto de Investigaciones se incluyan los 106 municipios, porque antes no fue requerido.
Por otro lado, también se entregó a los legisladores el oficio de respuesta de los datos solicitados al Instituto de Investigaciones con respecto a la iniciativa para expedir la Ley de Imagen Institucional del Estado, signada por Luis Borjas Romero (PRI).
Para terminar, siguió el análisis de las reformas a la Constitución Política de Yucatán y la Ley para la Protección de los Derechos de los Adultos Mayores, presentada por Movimiento Ciudadano, para propiciar mayor calidad de vida a este grupo vulnerable.
López Escoffié, propuso que se estudie primero las modificaciones a la Carta Magna yucateca y después atender la Ley secundaria, para realizar por medio del parlamento abierto con especialistas en el tema.
Difusión de cadáveres
En la comisión de Justicia y Seguridad Pública, sus integrantes aprobaron por unanimidad dos proyectos de dictamen para reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Penal del Estado, el primero sobre la difusión de imágenes de cadáveres en medios de comunicación, y el segundo, para agravar sanciones en materia de abuso sexual.
En el orden mencionado, sobre la reforma a las fracciones cuarta, quinta y la adición de la sexta del artículo 231 de la norma referida, la cual establece que de forma maliciosa, revela, exhiba, publique, comparta o difunda en redes sociales, página de internet, medios impresos, electrónicos o cualquier otro, fotografías o videos que revelen el cuerpo de los cadáveres o restos humanos.
Además, a propuesta de la diputada Silvia López, se cambió que cuando esta conducta lo haga un servidor público, la sanción será de una mitad más a la determinada; al igual que, a propuesta del legislador Felipe Cervera, se modificó que no se considerará malicioso cuando este acto sirva, con previa autorización, para investigaciones científicas, académicas, parciales y judiciales.
La proponente de las dos iniciativas, Kathia Bolio Pinelo (PAN), explicó que la propuesta anterior tiene el fin de que la persona fallecida y sus familiares se les respeten sus derechos a la intimidad y a la no divulgación de su cuerpo, porque en el país la tendencia es a la alza.
“Porque se revictimiza a las familias, en un momento doloroso, por eso el espíritu de esta reforma es evitar el morbo y que se lucre ante una desgracia y que la última imagen de un ser querido no sea divulgada de manera maliciosa”, recalcó.
En relación al abuso sexual, Bolio Pinelo comentó que busca tipificar, reglamentar y estipular como delito grave el abuso sexual, en particular el infantil.
Por otro lado, a petición de López Escoffié, el presidente de la Comisión, Luis Borjas, indicó que en este cuerpo colegiado se tiene un registro de 24 asuntos, 14 distribuidos a sus integrantes, de los cuales 12 ya fueron atendidos y 12 se les dará trámite en este periodo.
