Eduardo Lliteras Sentíes.- Edith Olivares director ejecutiva de Amnistía Internacional México hizo un llamado a respetar el proceso de investigación en torno al caso de José Eduardo, muerto tras ser detenido por policías municipales en Mérida. Es decir, son las autoridades de la Fiscalía General del Estado y si acaso después, las autoridades del Poder Judicial, las que deberán decirnos cómo fue que murió José Eduardo y cuáles actos se cometieron o no durante el proceso de detención, dijo en entrevista con Gabriela Warkentin y Javier Risco en W Radio.
Edith Olivares dijo que en este país el consumo de algunas sustancias no es un delito. Entonces, nos preocupa mucho que la narrativa también vaya por las condiciones en que también pueden venir algunas personas, y eso es un riesgo importante y me permito hacer énfasis sobre lo sucede en Yucatán porque se inscribe en una práctica represión de varias situaciones: yo quiero recordar, no puedo dejar de recordarlo, que en Yucatán se han detenido personas por no usar cubre bocas, porque consumen sustancias o que presumen que las han consumido, o personas que tienen ciertos rasgos particularmente indígenas, insistió Edith Olivares director ejecutiva de Amnistía Internacional México.
Por eso comentaba, añadió Olivares, que hay un uso de la detención hacia ciertos grupos de personas tradicionalmente discriminados y eso es violatorio de derechos humanos, en Yucatán, en la Ciudad de México o en cualquier lugar del mundo. Una persona no puede ser detenida si no ha cometido un delito, punto.
En Amnistía Internacional, recordó, publicamos hace cuatro años un informe llamado “Falsas Sospechas” sobre detenciones arbitrarias entre éstas una cometida en Yucatán. En ese informe documentados detenciones arbitrarias entre estas una cometida en Yucatán. El informe, lo que demuestra, es que los arrestos de personas que supuestamente han cometido un delito, cuando son aprendidas en realidad no son una respuesta auténtica para enfrentar los delitos que se cometen en el país, sino que son utilizados por las autoridades, en este caso autoridades municipales y estatales, de forma ilegal principalmente contra aquéllas personas que enfrentan situaciones históricas de discriminación, añadió.
Olivares insistió en que de forma preocupante vemos que afectan especialmente a personas jóvenes que viven en pobreza, a personas que son razializadas, a personas que son detenidas incluso por su presunta orientación sexual.
Me parece que es el caso de José Eduardo, muy lamentable, que cuatro años después estemos viendo los mismos patrones en el mismo Estado, dijo.
Nuestro llamado ha sido justamente al Estado de Yucatán, no es el único por supuesto, a que establezca verdaderas garantías de no repetición, insistió.
No puede ser que en éste país, una persona que salga a la calle y otra persona que diga que está cometiendo un delito, sea inmediatamente detenida y luego sometida a una serie de tratos que pueden inclusive terminar en la muerte, dijo la directora de Amnistía Internacional.
“Nosotras somos muy respetuosas en éste momento de dos cosas: uno, de la familia. De José Eduardo, que creo que habría que poner en el centro de esta conversación y hacer un llamado a las autoridades de Mérida y de Yucatán para recordar que aquí hay una familia que está dolida, obviamente.
Y dos, respetar el proceso de investigación. Es decir, son las autoridades de la Fiscalía General del Estado y si acaso después, las autoridades del Poder Judicial, las que deberán decirnos cómo fue que murió José Eduardo y cuáles actos se cometieron o no durante el proceso de detención”.
Y recalcó: pero es muy importante que las autoridades en especial tengan respeto de ese proceso, que no se ventilen cuáles son las informaciones que ellos tienen porque nos parece que en estos momentos pueden ser no sólo riesgoso para el proceso sino irrespetuoso para la víctima. En éste caso, la presunta víctima, al estar exponiendo parte del proceso.
