Eduardo Lliteras Sentíes .- Los casos de despojos en Yucatán son incontables y han ido emergiendo en los últimos años al irse conociendo por las denuncias de algunos de los afectados. Falsificación de documentos, complicidad de notarios públicos y funcionarios públicos, son sólo una parte de ésta mafia inmobiliaria aliada de usureros a los que el fisco, federal y estatal, no presta atención, pero cuyas operaciones millonarias evidencian lavado de dinero y cobros leoninos de intereses, además de fraudes simulados para apodarse de propiedades, del patrimonio de familias yucatecas. En la impunidad campean, al grado de que alguno de los involucrados se ha reciclado convirtiéndose en diputado federal, por citar un ejemplo. Los despojos de tierras ejidales y costeras son otro filón al que se suma el despojo de inmuebles y terrenos urbanos, en pleno boom inmobiliario en Yucatán, que ha convertido a la ciudad de Mérida en un apetitoso bocadillo de defraudadores y prestamistas a la búsqueda de víctimas. Las denuncias y protestas, como las ocurridas en la comisaría meridana de Santa Gertrudis Copó, donde la Inmobiliaria Abba pretende apoderarse de predios ocupados por familias desde hace generaciones, se han traducido inclusive en denuncias por robo y despojo en contra de quien esto escribe, a través de la creación de un expediente falso que no ha procedido hasta la fecha debido a que no tiene ningún sustento y cuya finalidad era la reprimir, censurar, nuestro trabajo periodístico.
En el presente reportaje presentamos cinco casos, con nombres apellidos, de familias y personas que han sido víctimas de esta mafia inmobiliaria que opera en Yucatán y que es necesario afrontar con la creación, quizá, de una comisión especial que investigue, documente y busque sancionar a los involucrados. Son todos casos que hemos documentado a través del trabajo de investigación, entrevistas y obtención de documentos.
El caso de la familia May: Diana May explica que en el 2018 su hermano mayor, propietario de un restaurante, fue con sus papás para que le prestaran los documentos de su casa en Mérida, en la colonia Petcanche, para conseguir un préstamo para él y su negocio, antes de que estallara la crisis por la pandemia de coronavirus.
Posteriormente acudieron con el señor Herbeth Escalante González, conocido prestamista que opera en Mérida, quien entregó 800 mil pesos a su hermano en efectivo, según explicó Diana. Sin embargo, el padre de Diana May nunca supo durante la operación que se trataba de una compra venta, la que no hubiera aceptado, como él mismo nos explica. Es decir, el padre de ambos aceptó que la casa quedara en garantía, pero no cederla en propiedad. Se trata del patrimonio de toda su vida y que ahora está a nombre del prestamista sin que lo supieran, ya que se dieron cuenta de forma casual, al revisar en el catastro de Mérida. El prestamista Escalante González, quien cobraba 6500 pesos diarios, entre capital e intereses por los 800 mil pesos prestados, se cobró de sobra a lo largo de todo un año, en el que obtuvo, 2 millones 940 mil pesos pagados en efectivo por la familia May, según nos relatan.
Nosotros no tenemos a dónde irnos, no tenemos dinero para comprar otra casa, dice visiblemente afectado el señor José Santiago May Medina.
Cabe señalar que toda la operación se hizo ante el notario público de la notaría 89 de Motul, Manuel Emilio García Ferrón, quien nunca despacha en dicho municipio, por cierto, y anda escondido, ya que la Fiscalía General del Estado de Yucatán no ha podido dar con él para que explique la operación en la que la familia May ha perdido su casa, la que aún ocupan con el temor de que cualquier día llegue una orden de desalojo a la fuerza, ya que recientemente se enteraron de una supuesta orden de desalojo emitida por un juzgado civil, que nunca les fue entregada y menos notificada. En otra grave irregularidad del caso, y que muestra la complicidad institucional en Yucatán.
Aquí, para empezar, hay varias preguntas. Número uno, la procedencia del dinero en grandes cantidades de efectivo que maneja el prestamista Escalante González. Evidentemente hay evasión fiscal, ya que no hay declaración de la operación ante el fisco ni pago de impuestos.
Como señala el abogado Andrés Díaz López, queremos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia De Administración Fiscal de Yucatán (AAFY) investiguen la procedencia de los recursos. Si se trata de lavada de dinero, por ejemplo, señala.
Otro caso que guarda semejanzas con el de la familia May es el de la señora María Cristina Reyes Carrillo y de su hija, también habitantes de Mérida en el fraccionamiento Monterreal, y cuya propiedad perdieron tras ser engañadas por una mujer, de nombre Isabel, que les pidió casi tres millones de pesos en préstamo de forma escalonada. Los que nunca devolvió.
Todo indica que la señora María Cristina y su hija y nietos, se convirtieron en objetivo del abogado David Araba Dorantes Cabrera y del finado notario Carlos Goff Rendón de la notaría 97, según narran a Infolliteras.com, no sólo por su dinero, sino por las propiedades en su posesión, las que les fueron despojadas a través de operaciones de compra venta fraudulentas, ya que falsificaron la firma del marido difunto hace años.
Hablamos de dos casas más en colonia Alemán, de una finca en Granjas de Mulchechén y de la casa en Monterreal, las que fueron puestas a nombre de otras personas, a través de ventas fraudulentas. Una de éstas casas fue presuntamente vendida a la señora María Reveca Rodríguez Abraham y otra más a una magistrada yucateca de apellido Aldama.
Por si fuera poco, en toda esta trama, tuvo lugar el robo de todas las pertenencias -y documentos- de la señora María Cristina, sin que nadie haya sido detenido y tras el corte del suministro de electricidad por personas que se identificaron como personal al servicio de la Comisión Federal de Electricidad.
Posteriormente, al señor José Antonio Zoghbi Wejebe, le ofrecieron en venta la casa de la señora María Cristina, por la cual entregó un millón 200 mil pesos para amarrar la compra con el abogado David Araba Dorantes Cabrera, a quien denunció ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán, hace tres años, sin que se resuelva su situación, ya que no le han devuelto su dinero.
Otro caso más, y que también hemos dado a conocer en Infolliteras.com, es el del señor José Luis Aguiñaga Lugo y de su señora madre, Landy María del Socorro Lugo Espadas. La señora Lugo Espadas recibió en herencia de su finada tía, Mildred del Rosario Elodia Espadas y Pacheco, la casa ubicada en el 507 de la calle 47 en el fraccionamiento Sol Campestre.
Sin embargo, dicha casa ha sido ofrecida en venta por el notario público, Enrique Gutiérrez López, número 87 con sede en Progreso, según ha narrado Aguiñaga Lugo, quien ya hizo la denuncia correspondiente. El notario, en un primer momento, aseguró que no sabía, pero ha intentado vender la propiedad en al menos dos ocasiones.
Cabe señalar que la casa de la señora finada, Rosario Elodia Espadas, fue saqueada durante la noche -al igual que la casa de la señora María Cristina, caso descrito líneas arriba- sin que haya personas detenidas hasta ahora. La casa fue vaciada por completo, hasta los ventiladores se llevaron y claro, documentación personal, entre otros muchos bienes, nos dijo Lugo Espadas.
De todo esto y otros detalles relevantes más hay denuncia ante la Fiscalía General del Estado, la que es señalada de tortuguismo por el señor José Luis Aguiñaga Lugo, quien ha sido inclusive presionado y amenazado en su domicilio por una persona enviada por quienes pretenden apropiarse de la casa mencionada en Sol Campestre.
Estos son algunos de los casos recientes abordados por Infolliteras.com, sin olvidar la denuncia de los habitantes del Arco y de los habitantes de la comisaría de Molas, que hemos dado a conocer oportunamente. En ambos casos, estamos ante la amenaza o pérdida del patrimonio de familias meridanas que han tenido que afrontar una auténtica pesadilla legal para defender lo que es suyo por derecho. Por no hablar de la pérdida de recursos financieros.
Otros casos que dimos a conocer en Infolliteras.com son los despojos denunciados en Dzilam de Bravo por vecinos cuyos predios fueron vendidos a través de un fraude operado desde el catastro en Mérida en el pasado sexenio y que involucra al diputado federal, Mario Peraza.
Otro caso más que dimos a conocer fue el despojo operado en la costa de Santa Clara en perjuicio de la asociación “Palabra de Vida el Porvenir” y ubicado en Dzidzantún, y comprado por David Brainerd Legters y su esposa Elva Legters en 1966. En la compra venta ilegal de uno de los 40 lotes creados por los despojadores (fraude maquinado con la complicidad del ex alcalde Miguel Zaldívar Flores) del municipio de Dzidzantún, se encuentra el juez federal Christian Omar González, quien contó con la complicidad de Hernán Cárdenas López y Jesús Lizárraga Veliz, encargados de despacho en Yucatán de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), respectivamente, las que elaboraron un expediente en contra los legítimos propietarios para favorecer al magistrado federal.
