Iniciativa ciudadana 3 de 3 contra la violencia, impedirá que personas con antecedentes de violencia contra las mujeres, acosadores o deudores alimentarios sean candidatos a puestos de elección popular en Yucatán

Redacción.- “En breve, Yucatán se perfilará como referente nacional de aprobarse la iniciativa ciudadana 3 de 3 contra la violencia, la cual impedirá que personas con antecedentes de violencia contra las mujeres, acosadores o deudores alimentarios sean candidatos a puestos de elección popular o tengan un puesto de confianza en alguna dependencia gubernamental”, afirmó la promotora de los derechos humanos en México e Iberoamérica, Patricia Olamendi Torres.
Indicó que en ningún momento se viola los derechos humanos de las personas, simplemente será un requisito para toda aquella persona que desee participar en un proceso electoral o desee formar parte del gobierno, ya sea municipal, estatal o federal.
Por ende, de aprobarse, todo partido político solicitará a sus precandidatos una carta de antecedentes no penales, y en dado caso que tenga algún proceso legal, simplemente, no podrá participar, ni ocupar un cargo público.
La recipiendaria de la medalla “Mérito Civil”, otorgado por los Reyes de España, expresó el avance que tiene la iniciativa en el Congreso del Estado así como el interés de los diputados locales por su aprobación, ya será numerosos los beneficios legales.
“Tal propuesta es única en el país, y de validarse, Yucatán será referente nacional”, resaltó la principal impulsora de la armonización legislativa para la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Remarcó que dada la importancia de la normatividad, permitirá de manera simultánea de varias reformas a leyes orgánicas de la entidad, tal el caso de ley Fiscalía General del Estado (FGE), y las electorales, entre otras normativas.
Mencionó que la iniciativa busca la protección absoluta de las mujeres, que procedan las denuncias que por violencia se realizan, lo que implica el no otorgar algún cargo público a cualquier persona con antecedentes de violencia contra las mujeres, acosadores o deudores alimentarios.
Asimismo, se busca reducir el tiempo entre la denuncia y la sentencia de quienes ejerzan la violencia de mujeres, acotó la “Premio Nacional Jurisprudencia” por la Barra de Abogados.
Recordó que antes era un lineamiento, y no todos la respetaban, tal como ocurrió con un candidato a la gubernatura por Guerrero, y en el caso de Yucatán, la problemática se reflejó con diversos candidatos a diputados así a los de alcaldes, de diversos partidos políticos.
“En breve, será una reforma constitucional, la cual se deberá de cumplir al pie de la letra”, expresó durante la conferencia de prensa que sustentó, en compañía de las integrantes de la Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (AMISY) y de otros organismos no gubernamentales.