Archivos de Infolliteras / Eduardo Lliteras Sentíes / 21 de febrero, 2017 .-Una venganza política urdida a través de las instituciones se está tejiendo contra el comisariado ejidal del municipio de Chocholá, encabezado por una valiente mujer: Claudia Cob Durán, a quien le armaron un expediente en la Fiscalía General del estado (FGE), “por extorsión” y daños a vehículos.
Cob Durán se atrevió a denunciar a la empresa Consultoría Proser S.A. de C.V., que explota un banco de material pétreo desde 2010, en un terreno supuestamente obtenido en usufructo por el empresario Carlos Abraham Mafud. Enfrente de dicho predio, además, se construye una calera, sin permisos, mientras el banco de material ya tocó el manto freático. Las autoridades no mueven un dedo, pero en cambio sí se movilizan con extrema rapidez para destituir a Claudia Cob Durán.
En efecto, además de la denuncia ante la FGE, ahora se pretende destituir a Claudia Canto del cargo, convocando a una asamblea aprobada por la Procuraduría Agraria encabezada Omar Corzo Olán, de forma expedita. Dicha convocatoria para el 26 de febrero en curso, fue pegada en los bajos del Palacio Municipal, no en la Casa Ejidal, el viernes por la noche.
Entre las justificaciones para pedir la remoción del comisariado ejidal se afirma que “los integrantes del comisariado ejidal han amenazado a varios ejidatarios que han señalado que sus actos son contrarios a la ley, diciéndoles que los van a privar de sus derechos con la asesoría de terceras personas ajenas al ejido, con las cuales se encuentran confabulados y/o coludidos”.
Llama la atención tal afirmación, ya que en el ejido, quienes están operando desde hace años, precisamente, son Carlos y Raúl Abraham Mafud y los demás accionistas de Proser, quienes obviamente no son de Chocholá y sí se han coludido con los anteriores comisarios ejidales, para seguir explotando el banco de material, a pesar de los daños al medio ambiente y nulos beneficios para los ejidatarios.
De hecho, en un auténtico albazo, las autoridades agrarias reaccionaron de inmediato, tras la denuncia de la construcción de una calera enfrente del terreno donde se lleva a cabo la explotación de material, que nutre la reconstrucción de las vías férreas en Yucatán, precisamente, y que se publicó en Infolliteras.
Dicha fábrica de cal viva no tiene permisos de la Seduma ni de la Semarnat, pero ya se inició su construcción de forma ilegal, talando la selva baja de la zona, en la que habitan venados cola blanca, por ejemplo.
Cabe señalar que en días recientes el director de Infolliteras pudo constatar que se tocó el manto freático y se abrió un enorme hueco por el que salió agua, lo que implica que la Profepa intervenga por los posibles daños ambientales, pero hasta ahora no lo ha hecho.
En días recientes, Claudia Cob, Gonzalo Alcocer, Natividad Romero y Samuel Martín, autoridades ejidales de Chocholá, informaron que se planea instalar cerca del poblado de Chocholá una gran cementera que contaminaría el aire, las tierras y el agua subterránea de la que se alimentan muchos pueblos cercanos y hasta la ciudad de Mérida. Declararon que la comunidad se ha organizado para proteger la salud de sus familias. Se trata de la cementera Fortaleza y del Grupo Elementia, del que es accionista el todopoderoso Carlos Slim. A nuestras llamadas telefónicas Elementia no ha respondido, por cierto.
La actual comisaria ha dicho que anteriores autoridades como Albino Núñez y Natividad Quintal, nunca les explicaron que se intentaba destruir 3 mil 500 hectáreas de selva, milpas y apiarios, o que se quería escarbar la tierra a varios metros de profundidad, y mucho menos que se instalaría una fábrica de cemento en nuestro ejido.
Adicionalmente, han expresado su descontento por las prácticas de corrupción y criminalización que la empresa Proser emplea contra ellos por defender sus tierras y la selva: “la nueva comisaria y nuestro abogado han sufrido difamación y amenazas,”, comentó el señor Mariano Quintal, poblador y ejidatario, pues han dado a conocer la entrega de 70 millones de pesos de parte de la empresa a las anteriores autoridades ejidales, quienes dieron su parte sólo a algunos de los ejidatarios; desconocemos qué sucedió con el resto. Este abuso y corrupción ha dividido al pueblo y ha hecho que se pierda la confianza en nosotros mismos y en nuestros líderes”.
Esto explica el albazo legaloide, bendecido por Omar Corzo Olán, delegado de la Procuraduría Agraria en Yucatán, para ratificar o remover a los integrantes del Comisariado Ejidal y del Consejo de Vigilancia, propietarios y suplentes, encabezados por Claudia Cob Durán.
Estamos ante un claro ejemplo de lo que significa la reindustrialización en Yucatán: beneficios para una élite todopoderosa, confabulada con las autoridades de los diversos niveles de gobierno, en los que el uso faccioso de las instituciones es herramienta para doblegar a quienes se atreven a alzar la voz y rechazar los proyectos industriales a costa del medio ambiente y de los legítimos derechos de las comunidades mayas y campesinas del estado de Yucatán.
