Eduardo Lliteras Sentíes.- En un seminario menor de la Legión de Cristo en la región italiana de Lombardía, en la ciudad de Gozzano, a partir de 2008, un niño de 12 años fue abusado sexualmente por un sacerdote de la Legión llamado Vladimir Reséndiz Gutiérrez, de nacionalidad mexicana.
Un cable de la agencia estadounidense Associated Press (AP) informaba por aquéllas fechas que cuando la familia del niño lo supo en 2013 gracias a la psicóloga que lo atendía -estaba sujeto a depresión- presentó una denuncia ante la policía italiana.
La congregación fundada por el criminal y pederasta, Marcial Maciel, ofreció una indemnización de 15 mil euros para que la denuncia fuese retirada. Y la familia guardara silencio, ya que de lo contrario deberían resarcir el dinero por partida doble.
Sin embargo, la madre del menor abusado, Yolanda Martínez García, acudió con Velasio De Paolis, el delegado pontificio al que Benedicto XVI confió, en 2010, el comisariamiento de la institución, que duró cuatro años.
Pero la reacción del cardenal al que el Papa hoy en “retiro espiritual” le confió el cargo de vigilar a la Legión tras las denuncias sin fin contra su fundador, no fue la esperada: se rió entre dientes, le aconsejó a la madre del menor abusado que no firmara ese convenio (redactado en un contrato de seis páginas por los abogados de la congregación), y le dijo que propusiera otro sin los abogados involucrados: “Los abogados complican cosas -le dijo-, incluso la Escritura dice que hay que llegar a un acuerdo entre los cristianos ”.
El acuerdo entre “cristianos” era el siguiente: si la familia violaba el pacto de confidencialidad, deberían pagar a la congregación el doble de lo pactado, 30.000 euros.
“Fue una segunda violación, porque para todos los efectos y objetivos, en esa carta nos pidieron que negáramos los hechos. Y para nosotros eso fue una puñalada por la espalda porque nos la trajo nuestro padre espiritual. Él sabía todo sobre nosotros porque mi esposo confiaba en él. Y eso lo hizo aún más doloroso”, relató Martínez a la agencia AP.
Esa conversación, decía el cable de AP, fue grabada y preservada, al igual que la propuesta de compensación, y ambas han sido pruebas cruciales en el juicio llevado a cabo en Milán, en el que sacerdotes y abogados de la Legión fueron acusados de obstrucción de la justicia y extorsión.
Si bien la Legión se atrincheró detrás de la justificación de que en ese momento no existían pautas para la protección de menores ahora vinculantes, el comportamiento de De Paolis, fallecido en 2017, solo demuestra su complicidad con los legionarios que protegían a los sacerdotes pedófilos.
De Paolis se había enterado del comportamiento de Reséndiz en 2011, cuando otro chico del seminario de Gozzano, lo había acusado de maltrato y mientras estaban surgiendo otros casos en Venezuela, donde el sacerdote había sido enviado después de 2008 para esconderlo de las acusaciones en Italia.
Posteriormente, los Legionarios apartaron a Reséndiz Gutiérrez de su ministerio en el seminario menor en Venezuela, así como del trabajo pastoral con menores. Ocho días después, tras ser interrogado por su superior fue retirado de todo ministerio sacerdotal activo.
Luego se presentó el caso a la Congregación para la Doctrina de la Fe. En abril de 2013, el dicasterio vaticano decretó la expulsión del estado clerical de Reséndiz Gutiérrez.
Posteriormente en Italia, el mexicano Vladimir Reséndiz Gutiérrez, exsacerdote de la congregación, fue sentenciado a siete años de cárcel y al pago de indemnizaciones por abuso de dos menores.
ACUSADO Y SENTENCIADO EN ITALIA
Fue acusado de intento de extorsión contra una de las víctimas y complicidad el ex rector del seminario de menores de los Legionarios de Cristo en Gozzano, el mexicanoVladimir Resendiz Gutiérrez, quien fue condenado definitivamente a 6 años y 6 meses, pero huyó a México antes del juicio en 2020.
Ahora, cinco personas ex líderes y abogados de la congregación religiosa de los Legionarios de Cristo han sido imputadas el pasado 13 de febrero y por lo tanto enfrentarán también un juicio. Las acusaciones se formularon como parte de la investigación, que pasó de Novara a Milán porque el hecho ocurrió en la capital lombarda, que vio a los ex líderes de la congregación involucrarse en la investigación sobre presuntas presiones puestas en marcha para retirar la versión de los hechos. a una víctima de abuso.
Al concluir la audiencia preliminar ante la jueza Patrizia Nobile y la PM Alessia Menegazzo, se presentó la acusación de los máximos directivos de los Legionarios de Cristo cuya primera audiencia está prevista para el próximo 13 de mayo. En total cuatro integrantes de los Legionarios de Cristo son acusados: Óscar Náder Kuri, director territorial en Italia, Manuel Cordero Arjona y el sacerdote y psicólogo Víctor de Luna así como el abogado italiano Corrado D’Agostino y el prelado Luca Gallizia.
La abogada de la víctima, Daniela Cultrera, también interpuso una acción civil a favor de la familia.
En la acusación se afirma que Vladimir Resendiz Gutiérrez “con más acciones ejecutivas del mismo plan criminal, en su calidad de titular del seminario menor de la Congregación de Derecho Pontificio de los Legionarios de Cristo, actuando con violencia, amenaza, abuso de autoridad y en todo caso con la intención de abusar de la inferioridad psicofísica del menor (omitido), en el momento de tener doce años, quien le fue encomendado por motivos de educación, instrucción, cuidado, vigilancia y custodia”… “forzando al menor a realizar actos sexuales”.
Entre los cargos hay otros detalles de violencia, incluida la violencia psicológica; Resendiz presuntamente hizo sufrir a la víctima: “Impidió que el menor regresara a casa, con motivo de las visitas de sus padres”; también lo sometió a “interrogatorios sobre cualquier práctica de masturbación por parte de los padres”.
En el centro de esta línea de investigación se encuentran dos escrituras privadas que se habrían presentado, para su firma, entre octubre y diciembre de 2013 a los familiares de la menor, que en ese momento tenía 12 años, para obtener una retractación de la denuncia por delitos sexuales y violencia. Según el acuerdo, según las investigaciones, si el niño no hubiera guardado silencio sobre la violencia, la familia habría tenido que pagar 15 mil euros por partida doble.
