Pagar impuestos, es una de las piedras de toque de toda democracia. Es uno de los principios torales de toda democracia liberal. Esa que tanto gustan mencionar intelectuales y ahora algunos movimientos que se dicen anti comunistas o anti socialistas (y por extensión, según su interpretación, anti amlistas), pero sólo para el discurso.
Durante los últimos sexenios en México pagaban impuestos los contribuyentes cautivos. Mientras los grandes empresarios y empresas transnacionales, los evadían.
La base contribuyente, ciertamente, no se ha ampliado, en el país de la economía informal. Ni tampoco tenemos una reforma tributaria digna de tal nombre, que haga pagar al que más gana y ayude al micro, pequeño empresario o a los profesionistas con actividad empresarial, a tener un pago de impuestos más equilibrado. Mas progresivo.
Al contrario. Durante años, mientras los pequeños contribuyentes sentían el rigor del SAT cada año –y el acoso- los grandes empresarios contrataban a abogados y bufetes especializados para evadir impuestos por cantidades millonarias que habrían servido, por ejemplo, para tener un sistema de salud que no se viera desbordado por el coronavirus.
Con el nuevo gobierno, además de acabarse las exenciones fiscales mil millonarias que socaban las arcas del gobierno, han empezado a pagar algunos de aquéllos que se creían intocables. Por encima de la ley.
Walmart y FEMSA, son dos ejemplos recientes. Ambas empresas, tras negarse e inclusive amenazar con ligitios sin fin, tuvieron que cumplir con sus obligaciones fiscales.
Walmart Mexico liquidó 8,079 millones de pesos que había evadido.
FEMSA Fomento Económico Mexicano (Femsa), principal embotellador de Coca-Cola y propietario de la cadena de tiendas Oxxo, pagó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) impuestos pendientes por 8 mil 790 millones de pesos, después de negarse a hacerlo sistemáticamente.
Estas dos poderosas empresas, además de tener en común las malas condiciones laborales de su personal y los sueldos de miseria, evadieron sus obligaciones en sexenios anteriores gracias a su poder de picaporte en el mismo despacho presidencial de Los Pinos.
Pero ahora, las cosas han cambiado. Y claro, vienen los malos humores y los rumores. La furia inclusive, al grado de que, por ejemplo, el presidente ejecutivo del Consejo de Administración de FEMSA, José Antonio Fernández Carbajal, alias “El Diablo”, dijo según el portal lapoliticaonline.com, que buscará la revocación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y que incluso está dispuesto a pagar el doble de los impuestos que FEMSA se negaba a pagar, y que pagó bajo presión del SAT (Sistema de Administrición Tributaria), con tal de que “AMLO se vaya en el 2022”.
Eso sí, posteriormente, FEMSA se deslindó ante el temor al boicot alentado en redes sociales: “Circula en redes sociales información falsa sobre FEMSA y sus directivos. Reiteramos que NO participamos en actividades políticas o electorales. Los 230 mil colaboradores de la empresa en México tenemos la Misión de generar valor económico, social y ambiental para nuestro país”, dijo la empresa en plena expansión.
En realidad, advierten algunos, no hay ninguna prueba tangible que respalde o compruebe que Fernández Carbajal hizo tales declaraciones. Pero sí se sabe que Fernández estuvo detrás de las campañas en contra del presidente cuando fue candidato. Por lo que no extrañaría que en esas lides siguiera.
Por lo pronto, IBM y Toyota ya saldaron lo que debían mientras las mineras canadienses se niegan a hacerlo. Vaya, consideran que viven en un país que es una especie de colonia, y del que controlan 40 por ciento de su territorio con el apoyo de su gobierno (y de su ejército, en caso de ser necesario).
Esto es inaceptable. Como lo es el desplazamiento de comunidades por la contaminación de la tierra, del agua, de los ecosistemas. O de los vínculos con organizaciones criminales de las mineras. Impunemente.
Como ha señalado, Luis Hernández Navarro, en La Jornada, “los narcotraficantes y mineros comparten territorios y rutas de traslado de su producción”. La mayoría de los depósitos de mineras se encuentran en regiones productoras de amapola y mariguana, en donde albergan ejércitos privados o guardias de seguridad: “En ocasiones, los mineros mantienen relaciones de entendimiento y colaboración con los sicarios que operan en remotas serranías.” Donde las ejecuciones de ambientalistas o de líderes sociales han sido asociadas a las mineras, por cierto, añado.
Sobre esto, los señores empresarios, como Gustavo de Hoyos, nunca se quejaron. Tampoco “El Diablo”. Porque sus negocios iban viento y en popa y el poder presidencial estaba a sus órdenes.
Ahora, les queda ir con el Papa Francisco o con el rey de España a quejarse, mientras Juan Carlos, el rey emérito, es investigado por lavado de dinero y recibir coimas de los sauditas. Esos son sus pares.
