Redacción.- “En los últimos 30 años se permitió el crecimiento indiscriminado de las granjas porcícolas en el sureste de México y se fomentó el uso de agroquímicos como el glifosato”, dice la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la que defiende el Tren Maya como “un proyecto para la justicia social y ambiental”.
La Semarnat afirma que ante las publicaciones que circulan en redes sociales, con desinformación o información errónea, en las que distintas personas y pseudoambientalistas hacen creer a la población en general que el Gobierno de México promueve la devastación medioambiental en el sureste mexicano, se comparten algunas situaciones graves de los últimos 30 años que sí han dañado la riqueza natural de esa región y que no fueron dignas de levantar la voz de quienes hoy se ostentan como defensores del medio ambiente.
Y puntualiza en su comunicado que citamos íntegro a continuación:
● Se permitió el crecimiento indiscriminado de granjas porcícolas. Por ejemplo, en el estado de Yucatán la Asociación de Porcicultores local ha mencionado tener al menos 500 granjas en 50 municipios de la entidad, cuyas afectaciones a la salud humana y ambiental por deforestación, desequilibrio ecológico y contaminación de cenotes es innegable, y se acrecienta por las características cársticas de sus suelos.
● Se potenció y fomentó el uso de agroquímicos como el glifosato. Esto, incluso fomentado desde las autoridades y perjudicó a la salud humana y ambiental, ya que los cultivos de organismos genéticamente modificados (el maíz y la soya) se implementan con paquetes tecnológicos basados en agroquímicos.
● Se omitió atender el creciente problema de la deforestación y tala ilegal. Históricamente el sureste ha sufrido por la deforestación, y actualmente se ubica como la región más deforestada del país; de 2010 a 2017 la siembra de soya en el estado de Campeche pasó de 17 mil a más de 40 mil hectáreas. Solo en el municipio de Hopelchén, la superficie destinada a ese cultivo creció de 7 mil a 28 mil hectáreas, es decir 400%. La tala ilegal de maderas preciosas tropicales se incrementó en los últimos años, de 2000 a 2018, impactando incluso la Reserva de la Biósfera de Calakmul, la más grande de América Latina.
● Se dieron permisos para la explotación minera sin considerar los daños al ambiente. La explotación de recursos minerales y pétreos se concedió sin consideración de los daños ambientales que ocasiona, permitiendo que se lleve a cabo también por debajo del manto freático y sus impactos son irreversibles, como sucedió con la empresa Calica, en Solidaridad, Quintana Roo. En 68 Áreas Naturales Protegidas (ANP) terrestres de nuestro país existen 1,862 concesiones mineras con una superficie total de traslape de 1.5 millones de hectáreas, como es el caso de la Reserva de la Biósfera El Triunfo, en Chiapas.
● Se permitió la siembra de cultivos exóticos como la palma de aceite. Se permitieron actividades económicas que contravienen las vocaciones naturales del sureste mexicano, como el cultivo de palma de aceite, el cual requiere de grandes cantidades de agua y un paquete tecnológico de agroquímicos, además de que provoca la compactación del suelo, lo que genera severas afectaciones ambientales.
En México la mayor producción de palma de aceite se realiza en el estado de Chiapas, donde se concentran más de 49 mil hectáreas sembradas, que representan el 43% de la superficie del cultivo a nivel nacional. Esta concentración se ubica en dos regiones del estado, Soconusco y Selva Lacandona, e incluso dentro del ANP La Encrucijada con 8,000 ha. y Benemérito de las Américas, con más de 8,000, en región Selva Lacandona.
● Se autorizaron megaproyectos y obras de infraestructura que dañaron severamente al medio ambiente. Se permitió, e incluso se fomentó, el crecimiento desordenado y exponencial de la infraestructura turística e inmobiliaria en el estado de Quintana Roo, sin ni siquiera plantear medidas de compensación que mitigaran los impactos al medio ambiente. Particularmente en Cancún, Tulum y Bacalar, donde las consecuencias han ido desde la contaminación y privatización de las playas del Caribe Mexicano y el deficiente manejo de residuos sólidos y aguas, hasta la explotación de la riqueza natural, incluso dentro de Áreas Naturales Protegidas.
En este contexto, con el inicio de la Cuarta Transformación también empezó la remediación de este desastre socioambiental, por lo que hemos puesto en marcha acciones, estrategias y programas que permitan detener y contrarrestar las prácticas que atentan contra el medio ambiente y la población, ya que también fomentamos un turismo respetuoso de la naturaleza y de las comunidades que habitan estos lugares.
● El Programa de Reforestación más grande del mundo. La implementación del Programa Sembrando Vida en el sureste mexicano incluye más de medio millón de hectáreas que favorecen la retención y regeneración de suelos, la captación de agua y la absorción de bióxido de carbono. Asimismo, de la mano de prácticas agroecológicas, aunadas a la generación productiva y de ingresos, se favorece el desarrollo económico y sustentable de las comunidades.
● Estrategia contra la Tala Ilegal. Por primera vez se implementa una estrategia interinstitucional e integral, que inició en el estado de Campeche y ha logrado la instalación de puntos de inspección y revisión en lugares estratégicos, lo que evita el transporte de maderas extraídas de forma ilícita, decomisos y el inicio de procesos judiciales, así como seguimiento a carpetas de investigación.
● Acuerdo histórico con la comunidad menonita. Por primera vez en la historia del país se acordó frenar la deforestación e iniciar la transición hacia una forma de producción agroecológica, que se complementa con el Decreto publicado el 31 de diciembre de 2020, que prohíbe gradualmente el uso del glifosato y maíz transgénico.
● Reconocimiento a las comunidades que cuidan y conservan el medio ambiente. A través del Programa Pago por Servicios Ambientales se ha logrado conservar y proteger más de 200 mil hectáreas en el trayecto del Tren Maya, y se trabaja directamente con las comunidades para seguir creando corredores biológicos forestales.
● No se ha otorgado ninguna concesión de minería a cielo abierto. Se mantiene el compromiso de proteger el medio ambiente ante esta actividad, y se realiza una revisión de las concesiones otorgadas en Áreas Naturales Protegidas.
● Se interponen controversias constitucionales para proteger el medio ambiente. Se hace frente jurídico a los instrumentos de ordenamiento ecológico locales que no cumplen técnica y normativamente su fin, y favorecen la urbanización y los intereses inmobiliarios.
Con estas y otras acciones, el Gobierno de México combate los verdaderos problemas ambientales que hay en el sureste del país (Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo), y se implementa el Proyecto Tren Maya como una obra emblemática de este gobierno, que armoniza el desarrollo económico y social con la conservación de los recursos naturales. También es importante señalar que se está impulsando la conservación del territorio a través de la ampliación y creación de Áreas Naturales Protegidas.
En suma, representa un proyecto para la justicia social y ambiental en el sureste de nuestro país de la mano de las comunidades. Las personas de la región quieren y ven en el Tren Maya un camino de esperanza para su bienestar y felicidad en sus propias comunidades, a diferencia de lo que en administraciones anteriores se hacía para perpetuar el beneficio de unos cuantos, por encima del bien común, las necesidades y el desarrollo de los habitantes del sureste, y los empujaba a migrar, aun cuando son las guardianas y guardianes históricos del territorio y los recursos naturales.
