Eduardo Lliteras Sentíes .- La libertad de expresión y la censura a medios son un arma arrojadiza explotada por muchos gobiernos y personeros que censuran, persiguen a periodistas, los encarcelan y emiten sanciones en tiempos de guerra contra agencias y medios de comunicación con la justificación de que son propaganda de guerra (es decir, sólo mi propaganda, está permitida). Ahí está de ejemplo el caso de la censura de los medios rusos y sus agencias, en medio de la indignación por la cancelación de cuentas en Twitter de periodistas de medios estadounidenses decretada por Elon Musk con la justificación de que revelaron, en tiempo real, la ubicación de su avión privado y familia.
Desgarraduras de vestiduras aparte, y de coros de defensores de la libertad de expresión en éstos momentos incluidos políticos que guardan silencio cotidianamente sobre agresiones a periodistas, no cabe duda que cualquier acto violento, contra cualquier ciudadano, debe ser repudiado, o debería ser, digamos, en el mundo de la utopía de la libertad de expresión.
El ataque a balazos contra el conductor de noticias de Radio Fórmula, Ciro Gómez Leyva, debe ser condenado y repudiado sin miramientos. Ni duda cabe. Y los autores, no sólo los que jalaron el gatillo, detenidos. Y procesados. Nuestro rechazo más rotundo por dicho acto contra un periodista que al menos, en ésta ocasión, se salvó por gozar de la protección de un vehículo blindado, lo que no se sabe si era del conocimiento de los sicarios enviados a disparar contra los vidrios y capó, a la altura de su cabeza y cuerpo. Esto no tiene nada que ver con compartir o disentir con su línea editorial o información cotidiana, la condena es inequívoca contra la violencia que no cesa de escalar en nuestro país.
Eso sí, no cabe duda de que también deberían ser condenados todos aquéllos atentados y ataques que en éstos años han dejado unos 40 periodistas muertos en el país en lo que va el actual sexenio y muchos más aterrados u obligados a huir.
Por no hablar de los más de un centenar abatidos en los sexenios recientes y de las estrategias de acoso judicial y de censura permanentes implementadas desde el poder en el país, incluidos los ataques verbales desde podios políticos con su cauda de generalizaciones y estigmatización de la profesión y sus actores en México.
Pero la realidad es que la impunidad prevalece. Allí está el caso del múltiple homicidio de la colonia Narvarte en el que fueron torturados y asesinados el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, la activista Nadia Vera, la modelo Mile Virginia Martín, la maquilladora Yesenia Quiroz y la trabajadora doméstica Olivia Alejandra Negrete en la colonia Narvarte el 31 de julio de 2015.
Como revela el documental de Netflix, intitulado “A plena luz, El caso Narvarte” y estrenado el pasado 8 de diciembre en dicha plataforma -bajo la dirección de Alberto Arnaut Estrada- la impunidad prevalece operada desde la misma fiscalía de la Ciudad de México. Fue la fiscalía de Miguel Mancera la responsable de manipular y esconder pruebas para evitar que la investigación llegara a los mandantes, a quienes operaron el horrendo ataque, y de los que había informaciones a través de las comunicaciones que mantuvieron los asesinos ese mismo día de la matanza, como revela el documental.
La sombra del ex gobernador veracruzano aún preso, Javier Duarte, entrevistado en el mismo documental, planea como un ave carroñera sobre los cadáveres regados en el departamento en el que fueron asesinados en menos de una hora ese aciago día de julio de 2015, en el que México se despertó con otro horror en su inacabable lista de crímenes impunes.
El mismo director, en entrevista con el diario español, El País, dijo que “pensamos que hubo una protección a funcionarios de la procuraduría durante el gobierno de Mancera y de los grupos criminales que participaron en este homicidio. No sabemos las razones o a quienes protegen, pero sí que había voluntad de la procuraduría de ocultar la participación de otras personas que estuvieron involucradas”.
“Errores” insostenibles, como escribir reiteradamente mal el número telefónico de quien parecería ser el cabecilla de la célula criminal, por parte de la fiscalía demuestran una clara voluntad de ocultar y dirigir la investigación en otra dirección, como la estigmatización de los asesinados con el tema de presuntas drogas y prostitución.
Se trata de otro crimen, es decir, de la manipulación de la investigación para ocultar a los orquestadores y mandantes nunca detenidos y sobre los que la actual fiscalía capitalina de la candidata Claudia Sheinbaum tampoco demuestra tener algún interés.
Por lo pronto, en materia de demandas judiciales y periodistas detenidos en Europa hay que recordar que el periodista Pablo González lleva más de 300 días detenido en Polonia con la justificación espuria y no probada de ser “espía de Moscú”. Pasa 23 horas encerrado en una celda sin ventilación, sin ropa de abrigo y lleva 9 meses sin hablar con sus hijos. Pero los gobiernos europeos, no parecen preocuparse. Al contrario, igual que con el caso de Julian Assange, la hipocresía y el doble rasero prevalecen.
Por último la justicia italiana abrió un juicio contra el periodista y escritor Roberto Saviano tras la demanda por difamación presentada hace dos años por la actual primera ministra italiana Giorgia Meloni, a la que llamó “bastarda” por su posición racista contra los migrantes extra europeos.
Roberto Saviano ha denunciado ser víctima de una campaña de odio. El autor de “Gomorra” ha cancelado dos encuentros con estudiantes porque “la exposición física me preocupa”.
