Redacción.- Ayer miércoles 11 de enero, después de casi 2 meses de que Julissa no pudiera tener en casa a sus hijos (Geiser de 6 años y Génesis de tres meses) la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán se los entregó. Durante el acto, se le vio acompañada de integrantes del Frente Nacional para la Sororidad y medios de comunicación que dieron cobertura al caso.
Según expresó Julissa, las carpetas de investigación en su contra quedaron cerradas. Además del seguimiento que se le dio desde finales de octubre, agradeció por el apoyo financiero y de vivienda que se le otorgó. «Todo va dedicado a mis hijos», afirmó.
Le hicieron entrega de los menores a las 3:00 pm. Julissa se encontraba acompañada de organizaciones civiles y personas que se interesaron en su caso, tras las varias denuncias que se hicieron mediante las redes sociales sobre la presunta discriminación y lesbofobia, según activistas, de la que fue víctima, mientras la autoridad defendió su postura aduciendo defensa de los menores y señalando, por ejemplo, que nunca habían sido registrados en el Registro Civil, entre otras informaciones que se omitieron por protección de los niños.
La niña de 15 días de vida permaneció en el Centro De Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede). Por su parte, desde la instancia se le notificó que el menor de 6 años tendría que pasar por un interrogatorio para descartar que fuera víctima de violencia.
«Un abogado de la PRODENNAY le dijo que no pueden entregarle a sus niños porque tenían que esperar que haya fecha en el Registro Civil”. Sin embargo, organizaciones señalan que hay muchas mamás que como Julissa no registran a sus hijos por una cuestión económica.
Asimismo, la periodista independiente Lydiette Carrión insistió en el dato de que «más de 50 vecinas de Julissa han afirmado y firmado cartas de que es buena madre y no existe tal maltrato».
A su vez, la abogada encargada del caso de Julissa recalcó que la PRODENNAY pertenece al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y cuya coordinación depende del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, instancia que ha recibido acusaciones por vulnerar los derechos de las y los menores de edad que «pertenecen a familias indígenas y que están en situación de vulnerabilidad».
La Red de Madres Lesbianas en México exigió:
- Incorporación de la y el menor con su familia
- Disculpa pública para Julissa
- Destitución de la trabajadora social que inició la investigación y de Teresita de Jesús Anguas Zapata, procuradora de la PRODENNAY
- Realización de jornadas por parte del Registro Civil de Yucatán para que toda la población tenga acceso a los servicios de registro y reconocimiento de hijas, hijos e hijes.
