Eduardo Lliteras Sentíes .- La seguridad se politiza y se convierte en arma arrojadiza en el proceso electoral. Pero las evidencias están a la vista: Yucatán está a años luz, por el momento, de lo que ocurre, lamentablemente, en muchos estados del país (incluidos los vecinos colindantes), donde la delincuencia no sólo se ha enquistado, sino que crece cada día, sometiendo al terror a la población, exigiendo el pago de extorsiones, robando y asaltando en carreteras, realizando ejecuciones en ciudades en total impunidad y lesionando gravemente el patrimonio de los ciudadanos cuando no, su propia integridad o vida, por citar algunos. Esto no sólo sucede en el Guanajuato blanquiazul, sino en Guerrero, Veracruz, Tlaxcala, Quintana Roo, Chiapas, Tamaulipas por citar algunos estados donde el relevo electoral ha cedido el paso a gobernantes de camisa guinda en la mayoría de los casos, y donde no se ve una mejoría en la seguridad, sino por el contrario.
En realidad, en mi opinión, el problema, es que no se abre un debate serio sobre el tema. Es claro que la seguridad en Yucatán no puede ni debe depender de un solo hombre. Y tan es así, que el gobierno estatal ha destinado recursos masivos para adquirir equipos y formar a las nuevas generaciones de policías.
En efecto. El gobierno estatal ha incrementado el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública de forma consistente ante el reto que la inseguridad supone para un estado en auge económico y meta de muchos migrantes e inversionistas que buscan invertir por su seguridad. Se ha dicho que para el presente año el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública será de 3,263 millones lo que representa un incremento del 111%. Además, a través del programa “Yucatán Seguro”, se han incrementado el número de cámaras de videovigilancia elevándolas a casi 7000. Se han instalado 219 arcos lectores de placas; un nuevo Centro de Monitoreo C5i; se adquirieron cuatro lanchas así como un helicóptero definido el mejor equipado de toda Latinoamérica; cuatro Black Mambas y vehículos blindados, entre otros equipos. Además, el gobernador Mauricio Vila ha impulsado el primer programa del Infonavit para que los policías adquieran vivienda propia, así como becas del 100 por ciento para que estudien sus hijos hasta el nivel universitario.
No menos importante es la inversión en la formación del personal policíaco y sobre todo la voluntad política del gobierno en turno para mantener a Yucatán al día en el combate al crimen organizado y a la delincuencia así como la mística de la institución, que claro, va de la mano de quien la encabeza, lo que es fundamental, ya que si quien está al frente no tiene el compromiso y la convicción de enfrentarse al crimen o se corrompe, el resto se marchitará.
Es decir, Yucatán debe contar a éstas alturas con una institución capaz y con cuadros suficientes, para afrontar la dinámica siempre cambiante de la inseguridad y de las organizaciones criminales que azotan al país, a pesar de un relevo al frente, en algún momento. El debate no se puede limitar al reemplazo o permanencia de su cabeza, que por motivos naturales o personales puede verse en la necesidad de hacerse a un lado. Guste o no. Por lo que el estado y la Secretaría de Seguridad Pública deben prepararse para ese momento, en que el comandante Luis Felipe Saidén Ojeda, ceda el cargo y deje las riendas a quien deba sucederlo, claro está, siempre dentro del compromiso de mantener a Yucatán en los primeros lugares de seguridad del país. Compromiso que surge también por el ligamen con Yucatán, con su tierra e instituciones, como se ha dicho.
Por último, me queda claro que no debemos olvidar la locución latina atribuida al poeta romano satírico Juvenal que rezaba: Quis custodiet ipsos custodes.
Es decir, no sin cierta mordacidad, Juvenal preguntaba ¿quién vigilará a los vigilantes?, advirtiendo sobre posibles abusos de poder. Lo que debe ser un imperativo no solo en una democracia sino objetivo mismo en materia de seguridad, para impedir abusos o la infiltración de la corrupción o de intereses particulares que pretendan utilizar el aparato de seguridad en su beneficio o para persecuciones ad hominen. Sin olvidar el necesario combate a las muertes en cárceles municipales y policíacas, por cierto.
