Eduardo Lliteras Sentíes El 6 de junio del año 2018 llegaron a media mañana unas 30 personas con machetes, palos, hachas y otros objetos a la comisaría de Santa Gertrudis Copó. Aparecieron marchando con esas y otras herramientas así como objetos punzocortantes en dirección a los habitantes de dicha comisaría que se habían posicionado enfrente de la albarrada de piedra de lo que fue la vivienda de una anciana que habían desalojado a la fuerza para después proceder a demoler el hogar donde había vivido más de medio siglo. Vivienda heredada por sus padres. Otras personas habían sido desalojadas del predio que reclamaba la “Inmobiliaria Abba, sociedad anónima de capital variable”. La actitud de las personas con dichos objetos era amenazante. Claramente increparon a los habitantes de Santa Gertrudis Copó. Su intención era intimidarlos pero también, probablemente, utilizar la fuerza para apoderarse de un terreno de unos 600 metros cuadrados y que la comunidad rechaza pertenezca a la ex hacienda.
Alertado, como otros medios, de lo que sucedía, llegamos al sitio y comenzamos a grabar lo que estaba ocurriendo compartiéndolo en redes sociales. La respuesta de los golpeadores bien pertrechados con herramientas y palos que podían ser utilizados como armas, fue grabarnos con sus celulares. Práctica que ha sido permanente por parte del personal de la Inmobiliaria Abba cada vez que hemos acudido a desempeñar nuestro trabajo como periodistas a dicho lugar, en lo que es una estrategia de intimidación que culminó con amenazas de agresión física a mi madre, mismas que denuncié puntualmente ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán.
Debo señalar que ese día, el 6 de junio de 2018, luego de la publicación de nuestros vídeos en redes sociales, llegaron numerosas patrullas y policías antimotines los que desarmaron al grupo de choque llevado para enfrentarse a los pobladores de la comisaría de Santa Gertrudis Copó. Y luego los dejaron ir.
Desde entonces, la estrategia de la Inmobiliaria Abba ha sido denunciar una y otra vez, por la vía civil y penal, con sus abogados, a algunos habitantes de la comisaría con el fin de acosarlos judicialmente e intimidar a toda la comunidad de la comisaría de Mérida, convertida en un apetitoso bocado de intereses inmobiliarios con el boom inmobiliario de la capital yucateca y su enorme plusvalía.
En ésta estrategia de acoso judicial a través de la construcción de expedientes a modo y denuncias cargadas de mentiras que el Ministerio Público ha canalizado con obsequiosa prontitud, nos incluyeron a fines del año pasado cuando en la “Carpeta de Investigación” (sic) número P3/897/2019 se nos acusó de la “comisión de hechos presuntamente delictuosos” que podrían configurar “el delito de despojo de cosa inmueble con violencia y/o los que resulten”.
Como preámbulo de ésta denuncia, la apoderada legal de Inmobiliaria Abba, Claudia Guadalupe Farías Cid, hizo declaraciones al diario “Por Esto!” el 12 de octubre de 2019, en una nota de título, “Agresiones sin rostro, Hacienda Santa Gertrudis Copó” redactada por el reportero David Rico, y en la que se preparaba la denuncia con infundios contra mi persona en un intento por impedir nuestra labor como periodista.
En dicha nota, la apoderada legal dio su versión sobre la compra-venta del terreno de la ex hacienda. Dijo que el “señor Jacobo Xacur Eljure compareció como representante de Inmobiliaria Jaxael y el señor Abraham Xacur Achach aparece como presidente del Consejo de Administración de Inmobiliaria Abba” en el presente. Y se afirmaba que hay un “reportero que se encarga de agitar a la gente, al cual la abogada identifica como Eduardo Lliteras”.
En la nota se reconoce mi papel como periodista -“apareció un reportero que se dedica a azuzar a la población y a los vigilantes”- pero se afirma que soy el líder intelectual de la revuelta. Eso sí, nunca recibí una llamada del reportero ni del periódico para pedirme mi opinión o mi respuesta a tales infundios, siendo que soy más que conocido por la dirección de ese diario en el trabajé muchos años. Nunca se me dio derecho de réplica, a pesar de que lo solicité reiteradamente.
Tras la publicación de dicha nota, ya en el presente año se me “notificó” de la denuncia citada en la que además de afirmar que me dedico “a azuzar” a la población de Santa Gertrudis Copó para que despojen a Inmobiliaria Abba de su terreno, se dice que participé en el robo de herramientas y pertenencias de la empresa y de los trabajadores la noche del 3 de octubre, entre otras acusaciones de las que me enteré tras comparecer voluntariamente ante el ministerio público número 35 ubicado en Cordemex. Cabe señalar que toda esta campaña en contra de mi persona tiene la finalidad de impedir mi trabajo como periodista. El objetivo es obtener medidas cautelares que me impidan acercarme al lugar e inclusive moverme del Estado. Además de someterme a un desgastante proceso judicial, tras la mascarada de una “investigación” que no tiene algún sustento y que ha sido promovida por una empresa anónima tras la que se celan influyentes apellidos de empresarios locales.
