¿Cuántos ex funcionarios, federales y estatales, se retiraron millonarios de la administración pública en los últimos sexenios? ¿Cuántos ex gobernadores, secretarios federales? ¿Cuántos simplemente permanecen impunes o han logrado ocultar su fortuna “inexplicable” a través de prestanombres y lavado de dinero en el extranjero? Otros, durante su mismo mandato no han podido ocultar el crecimiento espectacular de su fortuna. Y mucho menos explicarlo, pero nadie los ha tocado. Así le ocurrió al hoy presidente del PRI, Alejandro Moreno, quien logró edificar una residencia valuada en 46 millones de pesos en el Fraccionamiento Lomas del Castillo en Campeche, la que construyó cuando era mandatario estatal (septiembre 2015-junio 2019) y mientras percibía ingresos anuales por 5 millones de pesos. Claro, a raíz de la publicación de dicha información en el diario Reforma, no hubo el boato y las campañas en Twitter que han tenido lugar recientemente por John Ackerman y su esposa, Irma Sandoval, secretaria de la Función Pública, quienes han sido cuestionados y acusados de “corruptos” por haber adquirido 5 inmuebles (que incluyen 3 “modestos” departamentos) y un terreno.
Claro, dichas adquisiciones fueron realizadas antes de que Irma fuera funcionaria federal, ya que John no cobra, en la nómina federal. Las compras de dichos departamentos y un terreno (que no les regalaron), por 10 millones de pesos, según dijeron, las realizaron antes de que Irma Sandoval fuera funcionaria en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Es decir, no las adquirieron en el presente, y mucho menos, pagando 60 millones de pesos.
Veamos. El artículo 35 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas explica, con claridad, cómo deben realizar sus declaraciones patrimoniales los funcionarios públicos: “En la declaración inicial y de conclusión del encargo se manifestarán los bienes inmuebles, con la fecha y valor de adquisición. En las declaraciones de modificación patrimonial se manifestarán sólo las modificaciones al patrimonio, con fecha y valor de adquisición. En todo caso se indicará el medio por el que se hizo la adquisición.”
El artículo ha sido mencionado en éstos días por el periodista Ernesto Villanueva, quien de esa manera dejó claro, para quienes no lo entendían o pretendían no entenderlo, que la nota de Carlos Loret sobre el patrimonio de John Ackerman y la hoy secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval, “no es periodismo porque carece de interés público saber cómo antes de que Irma fuese secretaría de la Función Pública y John formaron su patrimonio familiar. No hay delito, ilícito o falta ética” en lo publicado por el yucateco Loret de Mola, quien infló, deliberadamente, los precios de los inmuebles otorgándoles el precio de 60 millones de pesos, de forma mendaz.
Mendaz porque si la casa en la que vivo hoy, por decir una cifra, es valuada hoy en dos millones de pesos, no quiere decir que ese es el precio que yo pagué hace 8 años.
Queda claro que Loret de Mola, el mismo que elaboró el montaje de la falsa captura de un supuesto secuestrador que sigue en la cárcel con el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, simplemente especula, ya que ninguna de las propiedades del matrimonio está ubicada en alguna zona de alta plusvalía de la Ciudad de México. Ni en Las Lomas o en el Pedregal de San Ángel, por citar dos. Y que el dinero con el que las adquirieron no procede de Venezuela ni del narco. Al menos eso no es la que dice Loret.
Ernesto Villanueva ha explicado con detalle (recomiendo leer sus columnas) cómo dos universitarios de la UNAM podrían haber reunido dinero para adquirir dichas propiedades no sólo vía su sueldo sino a través de prestaciones y otras actividades académicas.
Lo que no sorprende, además, si vemos los sueldos de la élite dorada universitaria en el país.
En sustancia, lo publicado por Loret de Mola como el último reportaje del periodismo non plus ultra de la Capital, tiene el objetivo de torpedear las acciones que pudiera llevar a cabo –y las que está realizando- el actual gobierno federal contra la corrupción.
La intención es restar legitimidad, no sólo para enlodar, sino para arenar las acciones que se llevan a cabo en dicha materia. Por ejemplo, desde la Unidad de Inteligencia Financiera, que conduce Santiago Nieto.
Son muchos los intereses, y los afectados, que buscan acabar con lo que pueda estar haciendo el gobierno de López Obrador en materia de lucha a la corrupción en el país. O que simplemente no perdonan pagar los impuestos que siempre les habían condonado.
Claro, detrás de ésta campaña hay algo más: la lucha por las posiciones en el INE y la selección de cuatro consejeros. No en balde el ex presidente Felipe Calderón –y candidato a una celda- encabeza los ataques contra Ackerman en redes sociales. Las posiciones en el INE son claves para los destinos políticos de muchos actores políticos que ahora hablan de una alianza del PRD-PAN-PRI intentando justificarla en todo lo que puedan inventar, incluido el fantasma del comunismo, para intentar derrotar a Morena y al presidente AMLO.
